El presidente del Cáceres 2016, Felipe Fernández, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, Lázaro García, intentan no enzarzarse en una espiral de declaraciones cruzadas con respecto a los problemas económicos del club, que el miércoles anunció que vendería su plaza en la LEB si no aparecía una nueva directiva. Sin embargo, en la base del conflicto está el hecho de que el déficit de esta temporada (122.000 euros, 21 millones de pesetas) viene originado porque la entidad presupuestó 270.000 euros de ayuda municipal y sólo obtuvo 160.000.
"El alcalde dijo públicamente que la subvención bajaría --las últimas temporadas ha sido de 360.000 euros--, pero no pensamos que tanto. Si llegamos a saber que al final sería la que ha sido no nos hubiésemos hecho cargo", afirmó Fernández.
El aún máximo mandatario verdinegro recordó que el Cáceres "nunca criticó al ayuntamiento" y se mostró esperanzado en que una nueva directiva coja el relevo a partir del próximo día 23 para no vender la plaza en la Liga LEB.
Respuesta
En el otro lado, Lázaro García asegura que "en ningún momento " se le dijo al Cáceres que tendría 270.000 euros "porque había un concurso público de por medio". El concejal mostró su malestar porque "el Cáceres es el club más beneficiado por el ayuntamiento, recibiendo más del doble de dinero que el segundo".
Aunque había insistido en que su voluntad no era estimular polémicas, su tono subió drásticamente. "No tienen memoria. Que no echen un órdago al ayuntamiento porque es quien está manteniendo el deporte de esta ciudad. No voy a consentir que ningún club nos critique", añadió, refrendando que el gobierno municipal "no permitirá que se venda la plaza en la LEB como lo haría con cualquier otro deporte de la ciudad". Sin embargo, negó que el ayuntamiento o un grupo relacionado con el gobierno municipal se vaya a hacer cargo del Cáceres, como interpretó la propia entidad ayer en una nota pública: "Esperamos que se pase de las palabras a los hechos y que antes del 23 de mayo el Ayuntamiento de Cáceres, o quien actúe en su nombre (...) manifieste su compromiso de depositar el aval federativo de 300.000 euros".
