La investigación de la Guardia Civil sigue abierta, ya que el Instituto Armado aún no ha reunido todas las pruebas contra los acusados, al menos 14 personas, de formar parte de una importantísima trama de dopaje. Por esta razón, ayer en Madrid, la jueza suplente que tomó declaración a los primeros seis implicados en la operación Galgo los dejó en libertad con cargos, a la vez que les imputó un delito contra la salud pública a través del dopaje en el deporte. Todos los detenidos, que ya pudieron dormir en sus casas, se arriesgan a penas de cárcel de hasta dos años, según se recoge en el artículo 361 bis del Código Penal.
Ordenadores intervenidos, bolsas de sangre preparadas para transfusiones, diversos fármacos, que se están analizando en el laboratorio antidopaje de la capital española para comprobar si son sustancias prohibidas en el deporte y numerosas grabaciones telefónicas acaparan las pruebas contra los imputados; entre ellos, la atleta palentina Marta Domínguez, que hoy puede prestar declaración, desde los Juzgados de Palencia, a través de video-conferencia con la jueza madrileña. La campeona del mundo de 3.000 metros obstáculos fue interrogada el jueves pasado durante ocho horas por agentes de la Guardia Civil.
Al parecer, sufrió una crisis de nerviosismo y tuvo que ser asistida. Al estar embarazada se le permitió ir a su casa y, por idéntica razón, no ha viajado hasta Madrid, como hicieron el resto de inculpados.
La Guardia Civil, por otra parte, sigue buscando por los alrededores de Madrid un almacen en el que podría haber depositadas importantes cantidades de material y útiles dopantes. También se está a la espera de los resultados de las pruebas de ADN a la que fueron sometidos la casi veintena de atletas preparados por Manuel Pascua Piqueras.
MUESTRAS DE SALIVA Los investigadores les tomaron muestras de saliva para cotejarlas con las tres bolsas de sangre que todavía están sin identificar. Una cuarta pertenece, según todos los indicios, al atleta etíope, nacionalizado español, Alemayehu Bezabeh, que confesó ante los federativos (y presumiblemente a la Guardia Civil) que se había dopado.
Eufemiano Fuentes, ayer, fue el detenido que prestó declaración por más tiempo. Lo hizo en el calabozo de la plaza de Castilla, en vez del despacho del juzgado de guardia. Los investigadores consideran que el ginecólogo canario es el cerebro de la operación y posee datos que comprometen a otros deportistas, al margen de Marta Domínguez y de los atletas del grupo de Pascua Piqueras, sospechosos de haber utilizado sustancias prohibidas.
A pesar de que Julián Pérez Templado, el letrado del médico insular, que también lo defendió en la operación Puerto (todavía pendiente de juicio cuatro años y medio después de la desarticulación), abogó por la inocencia de su cliente a la entrada del juzgado ("el doctor Eufemiano Fuentes está fuera de todo este caso"), la jueza instructora vio suficientes indicios delictivos para imputarle el delito contra la salud pública y pese a ponerlo en libertad obligarlo a comunicar de inmediato "cualquier cambio de domicilio".
En esta misma situación se encuentran las otras cinco personas que ayer prestaron declaración: Manuel Pascua Piqueras, César Pérez (actual entrenador de Marta Domínguez), José Alonso Valero (mánager de la atleta palentina), Alberto León (excorredor de montaña y suministrador de Fuentes) y Alberto García, atleta semiretirado.
El campeón de Europa de los 5.000 del 2002, justo un año antes de dar positivo por EPO, fue el único que llegó y salió de los juzgados por su propio pie. El resto lo hizo en coches policiales desde los calabozos de la Guardia Civil. "En España se quieren medallas por encima de todo y hay mucha hipocresía. No tengo nada que ver con todo esto", declaró García a la salida de los juzgados. Hoy mismo al mediodía, José María Odriozola, presidente de la Federación Española de Atletismo, explicará su versión de los hechos.
