El proyecto de ley por el que se regulará la prestación económica de 2.500 euros a las familias por el nacimiento o adopción de un hijo se aprobará en torno a noviembre, pero tendrá efectos retroactivos a fecha de 3 de julio, con independencia del momento de la entrada en vigor de la norma. Así lo anunció hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras el Consejo de Ministros que hoy estudió un informe sobre esta iniciativa, anunciada por el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el debate del estado de la Nación.

A partir del próximo día 15 todas las familias beneficiarias -españolas o residentes legales en el país- podrán solicitar los 2.500 euros anuales, a través de un formulario disponible en las oficinas de la Agencia Tributaria o de la Seguridad Social y en las web de Economía y Hacienda y de Trabajo y Asuntos Sociales. La cantidad se recibirá en un pago único mediante cheque o transferencia bancaria.

Las familias que hayan tenido o adoptado un hijo antes de aprobarse la ley percibirán el dinero al mes siguiente y, a partir de su entrada en vigor, los abonos se harán efectivos en el mes siguiente al nacimiento. El proyecto, que aprobará el Consejo de Ministros la próxima semana y que el Gobierno "viene estudiando desde tiempo atrás", se tramitará en las Cortes con carácter de urgencia para que se aplique cuanto antes, finales de octubre o principios de noviembre, calculó Fernández de la Vega.

La nueva prestación -una deducción del IRPF y de la Seguridad Social- beneficiará a las familias que hayan tenido un hijo desde las cero horas del 3 de julio en adelante, la misma fecha válida para los casos de adopciones. Cuando se trate de un parto múltiple la cantidad se multiplicará por el número de hijos. La futura ley modificará la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la Ley General de Seguridad Social.

La prestación se suma a cualquier otra que se perciba, por ejemplo se mantiene la de 1.200 euros anuales a las madres que trabajan fuera de casa y tienen niños menores de tres años, explicó la portavoz del Gobierno. Resaltó asimismo que no se trata de una concesión "graciosa o gratuita" sino una prestación que un país como España "se puede permitir gracias al trabajo cotidiano de millones de trabajadores y a la buena marcha de economía".

Tampoco, dijo, es "un acto de caridad o de beneficencia, sino una iniciativa que se suma a las políticas familiares, permiso de paternidad, de maternidad, lactancia, igualdad, dependencia..., que el Gobierno viene desarrollando". El objetivo de la iniciativa es aumentar la tasa de natalidad, que comenzó a declinar en 1976 y que en 1996 "tocó fondo", con 1,16 hijos frente a los 2,1 necesarios para asegurar el equilibrio demográfico.

En este sentido, la vicepresidenta explicó que la llegada de inmigrantes ha permitido mejorar dicha tasa pero "solo un poco, porque los demógrafos comprueban que una vez aquí las familias inmigrantes se adaptan a las costumbres de las familias españolas".