El actual sistema de financiación autonómica se fundamenta en la cesión de una cesta con todos los impuestos, con la excepción del que grava los beneficios de las sociedades. En la misma se incluye un 33% del IRPF, un 35% del IVA, un 40% de los tributos especiales sobre alcoholes, tabacos y carburantes y el 100% de los que recaen sobre la electricidad o la matriculación de coches.
Además existen impuestos cedidos, que ya lo eran con anterioridad, pero con mayor capacidad normativa y cuyos ingresos se quedan en un 100% en las autonomías. Se trata de los tributos sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados o las tasas del juego.
El modelo que entró en vigor en el 2002, negociado entre el PP y CiU, fue cuestionado desde un inicio. El tripartito que gobierna en Cataluña aspiraba a renegociar el sistema a lo largo de esta legislatura.
