La Junta de Extremadura no ha creado aún un registro de fincas incendiadas, los ayuntamientos no toman las medidas previstas en la ley para prevenir incendios, falta personal preparado y no hay recursos suficientes para detectar las causas de los focos. Son algunas cuestiones contempladas en la ley 5/2004 sobre la prevención de incendios forestales en la región, cuyo incumplimiento fue denunciado ayer por agentes forestales en unas jornadas organizadas por CCOO.
El artículo 63 de esta normativa prevé la creación de un registro de áreas incendiadas, para dejar constancia de las superficies quemadas, los propietarios de las fincas, el polígono o la parcela donde ha ocurrido el incendio. Al no existir todavía, se alimenta la especulación del suelo, indicaron estos forestales.
En este sentido, los agentes forestales Félix Martín y Juan Carlos Expósito dijeron tener constancia de un cambio en el uso de una finca de Aldeanueva de la Vera (Cáceres) tras sufrir dos incendios en julio pasado. Hay muchos casos más, pero "allí ya se han depositado materiales de construcción", señaló Martín.
Además de este incumplimiento, los agentes señalaron que los ayuntamientos, porque "la Junta no les insiste", tampoco están tomando medidas previstas en los artículos 31, 32 y 33 de esta normativa, tales como la delimitación del territorio afectado, la eliminación de vegetación cercana a núcleos urbanos y la colocación de tomas de agua para los bomberos.
A estas deficiencias, los profesionales añaden la impunidad con la que actúan los pirómanos, que "campan a sus anchas por el monte", por lo que reivindican la aplicación de la legislación vigente en materia penal.
Por otro lado, consideran insuficiente el personal y los recursos que tienen los trabajadores del plan Infoex, desconocen las líneas del nuevo plan Preifex, y lamentan la escasa investigación de las causas de los focos. A este respecto, aclararon que sólo se conocen con certeza las causas del 5% de los focos del 2005.
