La Asamblea dio ayer luz verde a la ley que regulará la renta básica y que incorporó algunas modificaciones de IU, que contaron con el respaldo del PP, como ampliar su cuantía al 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y aumentarla progresivamente en función de los miembros de la familia y otros factores, lo que supone que variará desde los 400 a los 719 euros. El PSOE vio rechazadas sus modificaciones, pero apoyó el conjunto de la norma, por considerarla un avance, si bien indicó que la cambiará en caso de que gobierne. El consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, afirmó que los primeros beneficiarios comenzarán a cobrar el próximo mes de julio "o incluso antes" y repitió que llegará a entre 3.000 y 5.000 extremeños.
La renta básica era uno de los mandamientos de IU a la hora de plantear su apoyo al PP o al PSOE tras las elecciones del 2011, y el Gobierno regional popular asumió el compromiso en septiembre de ese mismo año. Fue en enero cuando Hernández Carrón, tercero al frente de la consejería en lo que va de legislatura, presentó a Pedro Escobar, coordinador regional de IU, el borrador del anteproyecto de ley de renta básica, sobre la que el PSOE había registrado un borrador en la Asamblea que no llegó a debatirse. Desde entonces, se ha celebrado una comisión en la asamblea para añadir aportaciones de colectivos profesionales, sociales y sindicales, y la Plataforma por la Renta Básica ha desarrollado diversas movilizaciones, que ayer trasladaron ayer al Parlamento regional, por considerar insuficiente la nueva ley.
DEBATE HASTA EL FINAL Allí, Escobar arrancó el debate puntualizando que lo que estaba sobre la mesa no era el concepto de renta básica "universal, permanente y no condicionada", sino una solución más a corto plazo para "los demasiados extremeños a los que empieza a morder la pobreza". De este modo se justificaba ante los activistas y algunos compañeros de IU que critican al coordinador regional por no ser más exigente con el PP, cuyo gobierno posibilita esta formación con su abstención. Entre sus cambios, se recoge que los beneficiarios no pagarán el canon del agua ni el copago farmacéutico, así como que su itinerario individual de inserción será "acordado" y no impuesto.
El portavoz parlamentario del PP, Miguel Cantero, quiso dejar claro desde el principio que la ley no es, a su juicio, "fruto de la presión de ningún partido", sino "de un compromiso político que no hubo en el anterior Gobierno". Los populares insistieron varias veces en que el PSOE tuvo oportunidad de publicar una ley de renta básica cuando estaba en el gobierno, puesto que así se recogía, por ejemplo, en el Pacto Social y Político de Reformas por Extremadura, aprobado en el 2010 con el respaldo del PP, entonces en la oposición.
El PSOE, por su parte, se centró en insistir hasta el último momento en la posibilidad de mejorar la ley, con cambios como aumentar la cuantía hasta el 80% del IPREM (un 10% más de lo que planteaba el anteproyecto y un 5% por encima de la postura de IU, que fue la finalmente aprobada) o la reducción del plazo para resolver las peticiones a dos meses, en vez de los tres fijados. Además, la diputada socialista Isabel Gil Rosiña recordó sus demandas de blindar la ley con 0,5% del PIB (lo que ahora equivaldría a 83 millones, especificó) y destinar otro 0,5% de este factor a la creación de empleos sociales. También criticó la ausencia del presidente José Antonio Monago en el debate por asistir a un acto en Badajoz.
"Tenemos un mensaje de esperanza para la izquierda de este Parlamento. Podemos sumar votos para hacer una ley mejor que la que propone el gobierno; apretar a un gobierno antisocial que no está mirando por los ciudadanos", afirmó Gil Rosiña. IU respondió que muchas de sus enmiendas propias estaban inspiradas en el borrador de ley de renta básica que el PSOE presentó en agosto e indicó que no podía respaldar las enmiendas socialistas que intercedían con las suyas, por creer estas últimas obviamente mejores. El secretario regional del PSOE, Guillermo Fernández Vara, lamentó especialmente que no se aprobara el "silencio positivo" de la administración, para garantizar la agilización de las ayudas.
Tanto el PP como IU rechazaron la idea de blindar el presupuesto de la renta básica, apostando por la opción propuesta por la segunda formación de recoger que la partida será "ampliable" para que llegue a todos los solicitantes que la precisen. De momento, la ley parte con un presupuesto de 13 millones para los próximos, que Escobar avanzó que podría ser necesario ampliar a 20, advirtiendo que pueden ser 40 para el próximo año. Todos los grupos manifestaron su deseo de que este tipo de prestaciones, destinadas a familias sin recursos, no fueran necesarias, si bien admitieron que parece difícil que eso ocurra a corto plazo. "Trabajemos por que esta ley pronto caiga en desuso", proclamó en todo caso Teresa Tortonda, portavoz de Política Social del PP en la Asamblea.
