La tormenta comenzó con un 9,832. Ni más ni menos. Esa fue la nota exacta que sacaron cinco de los interinos jefes de sala del servicio 112 en el examen por el que opositaban precisamente a esas plazas. Los otros dos jefes de sala se conformaron con sacar sólo un 9,748. Ese fue el punto de partida del temporal político que azota Extremadura y que vuelve a poner una duda encima de la mesa: ¿Han existido enchufes o irregularidades en ciertas oposiciones?
Polémicas políticas aparte, el caso 112 empezó cuando uno de los opositores presentó un recurso de alzada contra el primero de los exámenes y el pasado 14 de mayo la Consejería de Presidencia decidió anular la prueba. Las razones argumentadas, que se pusieron muchas preguntas que estaban fuera de temario --pese a lo que siete aspirantes sacaron una nota que rozaba la perfección-- y otras sobre documentos "a los que no han podido acceder el resto de aspirantes en las mismas condiciones en que ha podido hacerlo el personal que trabaja en el Centro del 112". Es decir, reconoce la Junta, "que no todos los aspirantes han podido afrontar la prueba en las mismas condiciones de igualdad".
Pero el Gobierno regional no sólo ha anulado la prueba, sino que ha remitido un expediente al Ministerio Fiscal.
Efecto inmediato
En la práctica esto supone que los siete jefes de sala --que han recurrido la anulación del examen-- continuarán ocupando sus plazas de forma interina hasta que se repita la prueba o ésta se dé finalmente por válida, un proceso que puede dilatarse, especialmente una vez que ha quedado en manos de la justicia.
Pero la decisión de la Junta de anular el examen, investigar todo lo que ha rodeado al mismo y remitir el expediente a la Fiscalía no ha sentado nada bien en los cinco componentes del tribunal que juzgaron la prueba. De hecho, han remitido escritos a la Consejería de Presidencia en los que comunicaban su dimisión en bloque al entender que el Gobierno extremeño les ha "desautorizado" con sus intervenciones, aunque la Junta insiste en que no aceptará sus renuncias hasta que quede aclarado todo lo que rodeó el examen del 112.
El presidente del tribunal es César García, jefe de la Policía Local de Cáceres, quien ha reconocido el mal momento que atraviesan tanto él como sus compañeros, sobre todo después de que desde el Gobierno regional se haya dado a entender que puede haber graves irregularidades e incluso algún delito detrás de su actuación. El problema, ha explicado el propio García, es que el tribunal utilizó la memoria anual del 112 para elaborar parte del temario, puesto que entendía que se trata de un documento público al que podían tener acceso todos los aspirantes.
Pero a partir de ahí comenzó el cruce de acusaciones entre Junta y oposición, mientras que desde los sindicatos se desvelaban posibles irregularidades en otros exámenes incluidos en la última Oferta Pública de Empleo del Ejecutivo extremeño.
La diputada del PP Cristina Teniente considera que las notas "desorbitadas y coincidentes" que han sacado los jefes de sala del 112 "llevan a sospechar de la filtración de exámenes". Más duro aún fue Tomás Martín Tamayo, quien vinculó directamente a la propia consejera de Presidencia, Casilda Gutiérrez, y al diputado nacional del PSOE Victorino Mayoral con casos de enchufismo en las oposiciones. Lo ocurrido en el 112, señaló, es sólo "la punta del iceberg de una corruptela generalizada" que se repite "en la práctica totalidad" de las consejerías. Los populares han recibido cerca de medio centenar de denuncias al respecto y han anunciado que habrá "sorpresas" en pocos días.
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