Suman casi 260.000 hectáreas, calificadas como espacios naturales protegidos. En ellas conviven, no siempre en armonía, especies protegidas con agricultores y ganaderos. Hasta hace unos meses, no parecía haber problemas. Claro que hasta hace unos meses esos espacios, seis en total (Cornalvo, Garganta de los Infiernos, Embalse de Orellana y Sierra de Pela, Llanos de Cáceres y Sierra de fuentes, Sierra de San Pedro y Sierra Grande de Hornachos), no contaban con los PRUG (Planes Rectores de Uso y Gestión) que son los que definen qué se puede hacer y qué no se puede hacer en estas zonas.
Pero fue sacar los PRUG a información pública por parte de la Dirección General de Medio Ambiente y estallar la guerra. Asaja tomó el mando de las operaciones por parte del sector agrario. Acusó a la Junta de actuar de mala fe al abrir el plazo de alegaciones a los planes en pleno agosto, de amenazar a los agricultores y de haber dejado que Medio Ambiente sea tomado por una legión de "fundamentalistas medioambientales" a los que no preocupa, según la OPA, que los campesinos se arruinen imponiéndoles fuertes restricciones en el uso de la tierra.
Esta organización convocó protestas en los municipios afectados y anunció más movilizaciones este mes. Unos y otros se han tachado de incoherentes: Asaja dijo que la Junta era "hipócrita" porque es liberal a la hora de impulsar la refinería y las centrales de ciclo combinado y, al mismo tiempo, impone métodos "bolivarianos" para defender ciertos espacios. Y desde el Ejecutivo se acusó al PP de ser la mano que mece la cuna de Asaja y de practicar un doble discurso: por un lado, no a la refinería de petróleo y por el otro, no a la protección ambiental.
La Junta, además, defiende lo contrario que Asaja y el PP: que los PRUG no limitaban derechos, sino que permitían incluso usos hasta entonces prohibidos.
Tensiones en el campo y, además, aliados inesperados, como que en ayuntamientos como el de Hornachos los propios ediles socialistas mostraban su rechazo al plan de la Junta, llevó a la consejería a frenar la tramitación de los PRUG hace un par de días, y anunció que no continuaría su desarrollo hasta que no hubiese consenso. Según el consejero de Agricultura, José Luis Quintana, se trata de una medida para impedir "el uso electoralista" de una situación que puede enconcarse más.
Desde Asaja se ha visto en esta paralización "un engaño" encaminado a "parar la respuesta ciudadana" por la cercanía de la cita electoral. Por ello, solicitan que la paralización se convierta en retirada de los planes y, además, que se destituya a los responsables de los mismos. Mientras, el Grupo de Empresas Agrarias (GEA), más templado, aplaude la suspensión del proceso, y pide que se reconsidere teniendo en cuenta que "la propiedad privada ha sido y tendrá que ser la gran conservadora medioambiental".
