La Asamblea de Extremadura ha fijado hoy la posición que defenderá el Ejecutivo regional en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, en la que se muestra su oposición a la condonación de las deudas territoriales, sin un acuerdo unánime, a pesar de las llamadas al consenso, debido a la abstención del PP.
Extremadura apuesta por un nuevo modelo basado en los principios de igualdad y solidaridad, la suficiencia financiera de todos los servicios públicos, el cálculo real de las necesidades de gasto, el control de la gestión de los recursos y la contribución de las comunidades forales en los mecanismos de nivelación, entre otros criterios, además de la inclusión del sistema de la dependencia.
En el transcurso del debate monográfico solicitado por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el PP se ha abstenido a las propuestas de resolución que han presentado el PSOE, Podemos y Ciudadanos porque el único acuerdo válido, a su juicio, es el dictamen elaborado por el comité de expertos extremeños. Los socialistas han votado en contra de la propuesta del PP, que no ha prosperado, por eludir su "responsabilidad política" al colocarse detrás de los expertos, según ha dicho su portavoz, Valentín García.
Todas las propuestas del PSOE y Podemos han salido adelante, y lo mismo ha ocurrido con cuatro de las cinco de Cs, la mayor parte de ellas coincidentes.
El rechazo a las quitas o condonaciones de las deudas de las comunidades autónomas se ha incluido a iniciativa de Podemos, la única formación que lo ha presentado por escrito, aunque en el debate el PSOE se ha expresado en el mismo sentido.
De las filas moradas también ha salido la idea de incluir el sistema de la dependencia, ya que el Estado de Bienestar no puede entenderse dejándolo fuera y porque Extremadura soporta ahora el 80 % del gasto, ha advertido su portavoz, Álvaro Jaén.
Para que el Fondo de Compensación Interterritorial cumpla con el mandato de corregir desequilibrios, los socialistas han apostado por la separación de los mecanismos que permitan garantizar la suficiencia en la financiación de los servicios y políticas públicas transferidas de los que buscan hacer efectivo el principio de solidaridad.
También ha sacado adelante la reclamación de un aumento del importe global anual que se destina a la solidaridad.
La reforma no debe abordarse, según el PSOE, como una "pugna" entre CCAA, o entre éstas y el Estado, ya que "primero son las personas, no los territorios".
Además, en esta misma propuesta aclara que "ninguna región subvenciona a otra", dado que el sistema no establece "trasvases de fondos entre regiones".
Extremadura defenderá que las regiones mantengan su posición en el ránking de riqueza y no aceptará ningún sistema que la dote de menos recursos que el modelo vigente.
El PSOE también aboga por que la mayor autonomía financiera a las CCAA tenga como límite la suficiencia de recursos para que todas puedan prestar servicios equivalentes.
En busca de la lealtad institucional, defenderá que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera las regiones tengan más peso en materia como la estabilidad presupuestaria o el régimen de los tributos cedidos.
En este sentido, el PSOE reclama la armonización fiscal de las figuras tributarias competencia de las CCAA.
Socialistas y Cs se han referido a las comunidades forales vasca y navarra, cuya aportación, según la formación naranja, debe calcularse de forma "más transparente y justa" con los intereses del conjunto de los españoles.
A propuesta de Podemos, sobre el cálculo real de los servicios, Extremadura reclamará una mayor ponderación de factores no poblaciones como la dispersión o la superficie.
El Grupo Popular ha defendido lo dispuesto en el informe elaborado por el grupo de expertos que fue nombrada por consenso entre la Junta y los grupos parlamentarios, así como el voto particular de la jurista Elena Manzano designada por Extremadura en la Comisión de Expertos a nivel nacional.
En ese voto, la jurista abogaba por una mayor aportación de las comunidades forales o proponía la creación de dos fondos: uno para servicios públicos esenciales y otro para el resto de servicios.
"Todo lo dicho está aquí incluido", ha señalado la portavoz del PP, Cristina Teniente, sobre las propuestas de los otros partidos, y ha destacado el dictamen de los expertos, el verdadero "acuerdo", frente al "pacto descafeinado" alcanzado hoy.
