Pedro, el agente de Policía Local que liberó a la niña de 14 años de la ´casa patera´ de Arroyo de San Serván, en la que supuestamente estaba retenida contra su voluntad y era obligada a prostituirse, ha sido denunciado por la Guardia Civil por un delito de infidelidad en la custodia de documentos. En otras palabras, la Benemérita lo acusa de haber filtrado información confidencial a la prensa sobre el rescate de la niña una vez que la jueza del Juzgado de Instrucción Número 1 de Montijo, encargado del caso, decretara el secreto de sumario expreso para proteger a la menor.

Así se lo confirmó ayer a este diario Antonia Ugalde, esposa de Pedro, que consideró "una auténtica vergüenza lo que han hecho con su marido", que no ha querido especificar ni a este ni a otros medios regionales cuáles son esos datos secretos que supuestamente se han hecho públicos. Según explicó Ugalde, a causa de la denuncia, Pedro fue detenido el pasado viernes y tras prestar declaración en Montijo, ha quedado en libertad con cargos. "Pero quiero aclarar que la detención de mi marido no ha sido iniciativa de la jueza que lleva el caso, sino de la Guardia Civil", decía indignada. Pero lo cierto es que esta ha tomado la denuncia en consideración.

La familia sospecha que "detrás de todo esto solo están los celos profesionales que pretenden dañar la imagen pública de Pedro, puesto que el rescate de la niña fue solo cosa suya y no de la Policía Local y la Guardia Civil, como se dijo en un primer momento". Todos confían plenamente en su inocencia y aclaran en su nombre que él solo se ha limitado a efectuar las declaraciones que recogen los medios y nada más, que no ha proporcionado nombres y apellidos de ninguno de los implicados y que no se hace responsable de las declaraciones efectuadas por los vecinos arroyanos, que también han aportado información.

APOYO SOCIAL Al producirse la detención el día de Nochebuena --"falta de humanidad" es otra de las cosas que la familia recrimina a la Guardia Civil-- Pedro todavía no ha podido buscar un abogado, pero asegura que lo hará lo antes posible aunque confía plenamente en la Justicia, "que aclarará todo esto". La familia espera que la causa se archive por falta de pruebas y que todo esto quede en un mal trago.

Por su parte, los vecinos no salen de su asombro. Si antes no querían hablar, ahora menos, pero todos los consultados por este diario aseguraron que Pedro "es un buen policía" y se mostraron bastante indignados por lo ocurrido, ya que todos consideran que el rescate de la niña es una heroicidad.

Una heroicidad que según Ugalde, ha hecho que su marido "tenga que esconderse por el acoso al que los medios, sobre todo los nacionales, lo han sometido desde el pasado lunes, cuando se conoció la noticia. La niña, que ya está de vuelta en su casa de la calle Serrano de Madrid, fue rescatada el pasado día cuatro y desde entonces, se ha detenido a Pedro, por revelar información, y a otras 12 personas más, siete rumanos acusados de retención ilegal --cinco han pasado a prisión-- y cinco extremeños, acusados de explotación sexual al haber mantenido relaciones con la niña a cambio de dinero supuestamente sin su consentimiento. Uno de ellos, un exedil de Izquierda Unida, no soportó la presión y tras declarar, se quitó la vida de un tiro en la cabeza.

La niña llegó al pueblo el pasado mes de septiembre y desde entonces, ha estado retenida en el número 71 de la calle arroyana de La Sierra, una auténtica ´casa patera´ en la que han llegado a vivir hacinadas hasta 70 personas. En este sentido, Alternativa Española (AES) de Extremadura denunció ayer la proliferación de este tipo de viviendas en la región y exigió la intervención de las autoridades políticas, sociales y judiciales para evitar "que los pueblos se conviertan en destinos de turismo sexual". De igual forma, la agrupación "no descarta tomar medidas legales contra los implicados" en el caso de Arroyo y se pregunta "cómo es posible que si todo el pueblo sabía que en dicha casa se practicaba la prostitución, las autoridades no hayan actuado con contundencia y que los servicios sociales se limitaran a meras comprobaciones de salubridad de la vivienda".