Entienden que nada puede cambiar hasta que el Tribunal Supremo se vuelva a pronunciar, por eso no habrá recurso en contra del último auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) la semana pasada. Así, pasados los cinco días de plazo y sin recurso a la vista, la pista ya sí que está despejada para que comience el derribo parcial decretado sobre Marina Isla Valdecañas.
En esa última decisión judicial conocida el pasado 2 de marzo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo daba el visto bueno al plan de trabajo presentado por la Junta de Extremadura para cumplir con la demolición de parte del complejo (solo de las edificaciones paralizadas y las construidas sin uso) y la revegetación de la zona protegida ordenada a finales del pasado junio por el mismo TSJEx.
«Hemos decidido que no vamos a recurrir; la Junta puede empezar a ejecutar su plan cuando quiera», apunta José María Trillo, abogado de Ecologistas en Acción. «Entendemos que no tendría sentido presentar un recurso ante la misma Sala que ha determinado el inicio de las actuaciones y que dice que no hay incompabilidad con lo que se pueda dictar posteriormente, así que esperaremos a la decisión del Tribunal Supremo», añade.
Tampoco Adenex frenará el inicio de plan de trabajo de la Junta. Aunque la organización ecologista extremeña no acudió al Supremo para recurrir la resolución final del pasado junio (la que determinó un derribo parcial y no total como querían), asegura que lo que decida el alto tribunal será lo decisivo. «No tiene sentido presentar un recurso ahora contra este último auto del TSJEx, si cambia algo será el Supremo el que lo haga», afirma Mª Ángeles López Lax, abogada de Adenex. Además, si se comienza por los trabajos para la demolición, «ya se habrá adelantado algo».
Por tanto, la respuesta del Supremo (de momento no se ha pronunciado sobre la admisión del recurso de Ecologistas en Acción) será la que determine si se mantiene el derribo parcial decretado por la el TSJEx o debe ser total (como ya dictó tras considerar ilegal el PIR de Valdecañas en el 2014). Y también si las dos organizaciones ecologistas que iniciaron el contencioso hace más de 14 años deben recibir o no la indemnización fijada por el tribunal extremeño (250.000 euros para cada una).
De momento, mientras el Supremo resuelve, primero la admisión o no del recurso y segundo el propio recurso en caso de ser admitido, la Junta tiene todo el terreno despejado para remendar el daño medioambiental en esta zona protegida, según el propio fallo judicial. No obstante, no ha desvelado por ahora cuándo pondrá en marcha el calendario de actuaciones que contempla 35 meses de trámites y obras para llevar a cabo un total de 51 trabajos en Marina Isla Valdecañas.
