El Consejo de Gobierno da luz verde a la creación de una comisión para gestionar el auto del TSJEx sobre el complejo Marina Isla de Valdecañas. Tal y como avanzara ayer el presidente regional, Guillermo Fernández Vara, el Ejecutivo ha acordado esta mañana la puesta en marcha de este grupo de trabajo que velará por el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia.
“Nuestro propósito es cumplir el auto cuanto antes, hacerlo con agilidad, con la máxima eficacia, con la mejor de las eficiencias y, sobre todo, con transparencia”, ha manifestado la vicepresidenta extremeña y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales. Las asociaciones ecologistas, que ya han anunciado su intención de recurrir el auto, están invitadas a participar en la comisión como observadores.
La comisión se encargará de cumplir con las obligaciones impuestas por el TSJEx, entre ellas, la aprobación de un programa de trabajo para proceder a la demolición y restauración acordadas, así como la elaboración de un plan para proteger el medio ambiente. Asimismo, el grupo de trabajo velará para que se apliquen las medidas compensatorias que correspondan y para que se realice el pago de las indemnizaciones. También coordinará todas las actuaciones que hay que realizar en materia de depuración de aguas de los municipios afectados.
La composición de la comisión tiene naturaleza “operativa” y en ella estarán los titulares de los órganos encargados de cumplir los aspectos que el auto señala como de obligada ejecución. En concreto, la presidencia corresponderá al titular de la abogacía general de la Junta de Extremadura, mientras que la vicepresidencia recaerá en la secretaría general de Transición Ecológica y Sostenibilidad. Como vocales estarán la secretaría general de Agricultura, la dirección general de Política Hidráulica, la de Política Forestal y la de Sostenibilidad.
Además de la invitación a las asociaciones ecologistas, se convocará a representantes de las demás partes implicadas en el procedimiento, que también podrán asistir en calidad de observadores. Blanco-Morales apuntó que está prevista la posibilidad de que los órganos administrativos puedan acudir con los técnicos competentes.
