La economía sumergida se ha incrementando un 30 por ciento en lo que va de año en Extremadura en relación con el mismo período de 2008, sobre todo en los sectores de la construcción, la hostelería, el comercio y la agricultura, en este caso un 52 por ciento más que el año anterior, según la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, tras la reunión mantenida en Mérida con el director territorial de inspecciones en Cáceres, Juan Gonzalo González, y el de Badajoz, Samuel Rey, con el fin de analizar la economía irregular o sumergida con motivo de la crisis económica.
En lo que va de año se ha actuado, fundamentalmente, en el sector de la construcción, con 1.841 irregulares detectadas; en el comercio, 1.143; la hostelería, 1.375; y la agricultura, con 584.
Según Lucio, esto ha supuesto un importe para la región de 1.319.652 euros, más del 50 por ciento con respecto al año anterior.
También ha desvelado que este año los ingresos a la Seguridad Social por el impuesto de sociedades han bajado de manera sustancial, en torno a un 30 por ciento. "Esto no es lo mejor para la economía ni para el momento en que estamos viviendo", ha reconocido.
Por otro lado, ha explicado que con cada infracción detectada algunos trabajadores que estaban en situación irregular han sido dados de alta.
Hasta septiembre de este año ha habido 1.217 trabajadores que se han dado de alta a causa de infracciones, lo que supone el doble que el año pasado completo.
Del mismo modo, 900 contratos han pasado de ser temporales a indefinidos, a fecha de hoy, y la cifra puede que llegue a 1.200 hasta finales de año, ya que la inspección también trabaja sobre la calidad en el empleo.
Ante esto, Lucio ha hecho un llamamiento a la colaboración de la población, ya que sólo un diez por ciento de las visitas que realiza la Inspección son por denuncia.
El otro 90 por ciento son por planificaciones anuales que se hacen junto con el Ministerio de Economía, las autoridades laborales regionales y la comisión territorial.
Asimismo, ha señalado que "lo barato sale caro y no merece la pena arriesgarse".
A su juicio, "si a un empresario se le descubre que tiene personas sin contratar, puede que el fraude le cueste hasta 6.200 euros".
Además, las personas que están cobrando el desempleo y a su vez trabajan para la economía irregular, también pierden el derecho a cobrar la prestación durante un año, a cualquier tipo de bonificación o a participar en cualquier política activa de empleo, ha advertido Lucio.
Por último, ha señalado que esta situación no es excepcional de Extremadura, ya que hay estudios que afirman que la economía sumergida en España supone un 19 por ciento del PIB.
