La tercera comunidad peor calificada en el ranking, con una puntuación de 2,5 (la media nacional está en 4,6), y una en las que más ha empeorado la situación; pero aún así es ahora cuando más personas atendidas hay: 25.582 beneficiarios (1.147 más que el año anterior, un incremento del 4,7%). El problema es que deberían ser 35.134, que es la cifra de todos los que están valorados como dependientes y, por ello, tienen derecho a prestaciones. Así se recoge en el XVIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, perteneciente a la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
Este informe detalla que el gasto público por persona dependiente atendida en Extremadura es inferior en 846 euros al año con respecto a la media nacional. El motivo es el alto porcentaje de prestaciones y servicios de bajo coste.
Pero el estudio pone el foco, sobre todo, en las consecuencias que ha tenido para las comunidades autónomas «la supresión del nivel acordado y el recorte del mínimo (13%) aprobado por el Real Decreto Ley 16 20/2012». En el caso de Extremadura, durante 2017, esta reducción económica ha significado recibir 16 millones de euros menos. «Con esta cantidad se habría conseguido que 2.750 personas más hubieran podido ser atendidas así como la creación de 720 nuevos empleos directos», reza el dictamen.
Y también subraya que es la Junta de Extremadura la que sostiene realmente las prestaciones que existen aportando el 77% de la financiación.
REACCIONES POLÍTICAS / Tras hacerse público este documento, desde el Ejecutivo regional quisieron hacer su propia valoración: «El informe refleja la evolución y recoge textualmente que Extremadura continúa la tendencia positiva de personas atendidas que viene manteniendo de forma ininterrumpida».
Destacaron igualmente que la región es la tercera que más puestos de trabajo genera en esta materia, con 7.491 empleos directos en todo el territorio.
También añadieron: «La Junta de Extremadura es consciente de la necesidad de mejorar los sistemas de información o la mayor integración con los servicios sociales de base, aspectos en los que ya se está trabajando».
Desde el PP emitieron, igualmente, su propia evaluación y aseguraron que la región vuelve a estar a la cola en atención a la dependencia. Por ello han registrado una solicitud de comparecencia del consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, para que ofrezca «explicaciones».
La portavoz popular de Dependencia, Consuelo Rodríguez Píriz, señaló que «el Ejecutivo socialista de Guillermo Fernández Vara llegó a la Junta en 2015 con una nota del 6,7, es decir, rozando el notable, y dos años y medio después ha caído casi al muy deficiente».
Pero lo cierto es que uno de los principales problemas de la región son los recortes en la ley que llevó a cabo su propio partido a nivel nacional. Al menos así lo refleja este XVIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia.
