El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la instrucción sobre la incorporación de las llamadas cláusulas sociales en las contrataciones de la Junta de Extremadura y de las entidades que integran el sector pública, según ha anunciado su portavoz, Isabel Gil Rosiña.
La incorporación de estas cláusulas, que ya se vienen aplicando en los procesos de contratación pública desde que el pasado mes de julio, tienen como objetivo facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas de la región a la licitación pública autonómica, que representa casi el 98 por ciento del sector en la región.
Para ello, Gil Rosiña ha explicado que se pretende licitar por lotes dentro de lo que permite la legislación sobre contratación pública, simplificar la documentación y no basar la adjudicación exclusivamente en criterios económicos, así como mejorar la información que la Junta debe facilitar a las empresas sobre los procesos de licitación.
Otro de los objetivos es que se garantice por parte de estas empresas la mejora en la calidad del empleo, con respeto a los convenios colectivos y a los derechos laborales, además de promocionar la seguridad y la salud laboral.
El tercer objetivo es proteger el medio ambiente y los recursos naturales y fomentar el uso de las energías renovables, y el cuarto impulsar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, lo que implica más contratación de mujeres en puestos de responsabilidad, la obligación de presentar un plan de igualdad y la aplicación de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral.
