Mejoras en el parque público de viviendas. El Consejo de Gobierno dio ayer luz verde a una inversión de 13,09 millones de euros para la rehabilitación de 508 viviendas sociales en nueve municipios de la región. Las casas se ubican en los barrios en riesgo de exclusión social de Badajoz, Mérida, Don Benito, Villanueva de la Serena, Zafra, Alburquerque, Quintana de la Serena, Plasencia y Navalmoral de la Mata y el objetivo de la actuación, denominada ‘Extremadura Renervis’, es mejorar las condiciones mínimas de habitabilidad requeridas para prevenir la infravivienda una vez constatada la antigüedad del parque.
Según explicó la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, esta actuación se lleva a cabo tras la firma de un convenio el año pasado con el Ministerio de Fomento, que sufragará el 42% de los trabajos (5,6 millones) con cargo a la línea de regeneración y renovación urbana incluida en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Lo más novedoso de este acuerdo, destacó Gil Rosiña, es que por primera vez para la rehabilitación de viviendas se ponen encima de la mesa recursos no solo de la comunidad autónoma, sino también del Gobierno central.
La empresa pública Urvipexsa será la encargada de gestionar las actuaciones, con un plazo de ejecución de dos años. De acuerdo a los datos aportados, se mejorarán 100 viviendas en Don Benito, 90 en Badajoz, 75 en Zafra, 74 en Villanueva de la Serena, 51 en Quintana de la Serena, 48 en Navalmoral de la Mata, 30 en Mérida, 21 en Plasencia y por último, 20 en Alburquerque.
A preguntas de este diario, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales detalla que las 508 viviendas sobre las que se ha programado una mejora tienen ocupación a día de hoy. Unas están adjudicadas en régimen de alquiler y otras ya han sido adquiridas en propiedad por las familias a las que se las otorgaron en su día. Así, algunos de los bloques están en régimen de copropiedad, es decir, existen viviendas propiedad de la Junta de Extremadura, adjudicadas y ocupadas a día de hoy en régimen de alquiler, y otras que ya son propiedad de las familias adjudicatarias que las adquirieron en su día.
Al margen de este asunto, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales también confirmó ayer que a lo largo de esta legislatura, han sido 751 las viviendas sociales que se han recuperado porque estaban siendo ocupadas ilegalmente, porque pese a estar adjudicadas estaban vacías o porque sus inquilinos habían incurrido en conductas asociales (por ejemplo, tráfico de drogas). Estas viviendas recuperadas se rehabilitan si es necesario y vuelven a ponerse a disposición de las familias que lo necesitan. Y en este sentido, cabe destacar que a fecha de abril de 2019 existen 263 solicitudes estudiadas y con propuesta de adjudicación directa por situación de extrema y urgente necesidad.
