La reducción de las primas a las plantas fotovoltaicas ya es un hecho. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, logró ayer la convalidación en el Congreso del decreto que las contempla, con el apoyo del PNV y la abstención de CiU y el PP. Una norma que no puede calificarse más que de "negativa" para Extremadura, ya que debido a la reducción, las empresas regionales del sector dejarán de percibir 420 millones de euros (140 cada año durante tres), se pondrá en peligro la viabilidad de las plantas existentes --que tendrán que negociar nuevas condiciones de financiación con los bancos-- a la vez que se verá afectado el empleo relativo al sector.
Así lo confirmó ayer el presidente del Clúster de la Energía, Antonio Rosa, que aseguró que para la aprobación de la nueva normativa "no se ha hecho caso ni al sector ni a las peticiones de la Junta, por lo que Extremadura recibirá, a partir de ahora, un trato discriminatorio con respecto a las otras regiones". Una discriminación que viene marcada por las horas de sol recibidas, ya que como explicó el consejero de Industria, José Luis Navarro, el nuevo decreto fija en 1.707 la limitación de horas de producción a todas las fotovoltaicas del país para el cobro de primas. Lo que significa que debido a la diferencia de radiación solar, apenas se limita a las plantas del Norte, mientras que a las de Extremadura casi un 30%, ya que disponen de 2.367 horas de sol al año.
Además, debido a que la potencia instalada en la comunidad es mayor que la de otras regiones (400 megavatios, el 10% del total del país), según Rosa, el esfuerzo que se le pide es mayor, ya que la aportación que hace Extremadura al recorte es superior al 20%. "La entrada en vigor del Real Decreto-Ley 14/2010 supondrá que el sector deje de percibir 740 millones al año durante tres años (en total, 2.220), de los que 140 (en total 420) son aportados solo por Extremadura", señala.
Rosa aclara que debido a la reducción de las primas, las plantas fotovoltaicas de la región verán mermados sus ingresos en un 28%. Esto significa que los proyectos, incluso los que ya están construidos, perderán viabilidad y aquellos que no estén financiados en su totalidad con fondos propios, tendrán que renegociar sus condiciones financieras y crediticias con los bancos. No obstante, para solucionar esta cuestión, el Gobierno estudiará abrir una línea ICO a la que podrán acogerse los afectados.
Sobre el empleo, el presidente del clúster aclara que los efectos también serán negativos, pero por el momento, no se puede cuantificar cuántas personas podrían perder su trabajo, "ya que la mayor parte de la mano de obra que generan las fotovoltaicas es durante su construcción y además, habrá que esperar a que las plantas negocien con los bancos, para ver cuántas cierran y cuántas permanecen abiertas", aclara.
En cualquier caso, un "auténtico mazazo para Extremadura y una tomadura de pelo", dice Rosa. El Clúster de la Energía ya le manifestó a Navarro su deseo de que en el caso de salir adelante la normativa, la Junta presentara un recurso contra ella en el Tribunal Constitucional. "Entonces Navarro nos dijo que no era el momento de pronunciarse pero ahora tendrá algo que decir", concluye.
