Más datos sobre los vertidos líquidos de la refinería, sobre los efectos de un vertido accidental en las instalaciones de recepción y carga/descarga de hidrocarburos en Huelva, y una valoración del riesgo por tráfico marítimo de petroleros. Esa es la última información adicional que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) ha solicitado al Ministerio de Industria para que se la traslade al Grupo Gallardo, promotor del proyecto petroquímico previsto en Tierra de Barros. Lo hizo el pasado 20 de abril, fecha que consta en la página web del MARM, pero que no detallaba qué requería en esta ocasión al empresario, tal y como informó este periódico el pasado 23 de abril. En todo caso, el ministerio reitera ahora que "no se trata de ningún nuevo retraso" en el proceso para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de esta iniciativa empresarial, ya que hay tres meses de plazo para resolver el expediente cuando se tiene toda la documentación necesaria para la evaluación.
Según el MARM, "no se trata de peticiones caprichosas", sino que se realizan cuando se precisan a lo largo de la tramitación "porque la información presentada no es suficiente para la evaluación de impacto ambiental". Es aquí donde aparecen contradicciones, ya que el MARM recibió ese expediente informativo el 30 de octubre del 2008, según recoge también su web. Desde esa fecha, ha solicitado en reiteradas ocasiones, hasta seis en el último año, información adicional sobre el proyecto.
PALABRAS Y HECHOS Sin embargo, en apenas un mes la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ha recalcado en dos visitas a Cáceres que su ministerio no dispone todavía de la información necesaria para la declaración ambiental del proyecto, aunque en la primera cita reconoció que es necesario terminar "ya" de recoger toda la documentación "para pasar a la fase de decisión". Menos celeridad parecía tener el pasado miércoles, cuando reiteró que "no hay nuevos retrasos" en la tramitación pese a la última petición del 20 de abril ya detallada.
Lo cierto es que la iniciativa se ha atascado en todo lo relativo a la declaración de impacto ambiental. Según la propia documentación del ministerio, la solicitud de autorización de la refinería se produjo por parte de Gallardo el 9 de junio del 2005, pero hasta un año después (21 de abril del 2006) no se inició la fase de consultas previas, y pese a que se disponía de tres meses para trasladar a la empresa las respuestas, no se hizo hasta ocho meses después, el 15 de diciembre del 2006.
Se abrió entonces un nuevo plazo de dos años máximo para que Gallardo elaborase el Estudio de Impacto Ambiental, este documento se sometiese a información pública y se entregasen las alegaciones a Medio Ambiente. Ha sido el único plazo de todo el proceso que se ha cumplido (22 meses).
