El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cáceres vio ayer la demanda presentada por CSI-F contra el decreto que recorta el salario de los empleados públicos del Ayuntamiento de Cáceres, primero de los juicios que se celebran en Extremadura por la rebaja salarial acordada en mayo.
La demanda de este sindicato es colectiva y afecta a los 1.200 empleados del consistorio cacereño, según explicó ayer el presidente autonómico de CSI-F, José Fernández Vidal, quien espera que el magistrado "declare la nulidad del decreto de la alcaldesa" y que se eleve al Constitucional para que se determine si el recorte "atenta contra los derechos constitucionales".
Esta central sindical, mayoritaria en el sector público, ha tramitado medio centenar de demandas colectivas, a las que habría que sumar "los más de 11.000 recursos que hemos tramitado de forma individual". En total, 90.000 empleados públicos extremeños se ven afectados por la medida gubernamental, con un recorte salarial medio del 5%.
Los recursos colectivos que deberán enjuiciar los magistrados extremeños afectan a la Junta, las diputaciones, ayuntamientos "cuyos alcaldes han adoptado la medida por decreto", y varias instituciones de carácter público.
Para Fernández Vidal, el caso del Ayuntamiento de Cáceres está claro: "no ha habido negociación con los sindicatos; se ha vulnerado el convenio colectivo; y la alcaldesa ha aprobado el trámite por decreto, pero sin la preceptiva aprobación del pleno". A su entender, todos estos argumentos deberían llevar al juez a declarar la "nulidad del recorte salarial", sentencia que se conocerá en los próximos días.
Fernández recuerda que aún no se ha emitido ninguna sentencia a nivel nacional sobre este asunto, "pero si no nos dan la razón, iremos a instancias superiores para que se restablezcan los derechos de los trabajadores".
