Es difícil encontrar un asunto en el que las posiciones estén tan enfrentadas, y la avalancha de información, a favor o en contra, esté llegando a extremos donde lo que prima es la confusión. Los cultivos transgénicos u OMG (organismos modificados genéticamente) aún ocupan muy poca extensión del suelo cultivable en España, pero eso no ha impedido que corran ríos de tinta sobre el tema.

Actualmente, en España hay unas 20.000 hectáreas de cultivos transgénicos, principalmente maíz, de las que unas 2.000 están en las vegas extremeñas del Guadiana. Esto significa, para Extremadura, una producción anual de 20 millones de kilos, acogidos a las cinco variedades autorizadas por el Ministerio de Agricultura.

Además, existen pequeñas extensiones, que no han sido cuantificadas, de otros cultivos de este tipo en la región, como pueden ser tomate o soja, justificadas por el interés investigador, no por la producción.

La superficie extremeña de OMG sitúa a la región como la cuarta productora de estas variedades, por detrás de Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña, si bien Extremadura es donde más están creciendo estas prácticas.

¿Por qué suscitan tanta polémica? Los transgénicos son productos obtenidos a partir de la transferencia en un cultivo de genes de otros organismos, para modificar sus características, sobre todo, protegerlos contra plagas que causan cada año pérdidas millonarias. Para que el gen se desarrolle en el nuevo producto, se inserta otro, denominado promotor , y uno más, el marcador , que es el que indica si se ha logrado que el primero cumpla su función.

En Extremadura, las modificaciones realizadas en el maíz logran una especie que frena los daños causados por el taladro, muy conocido, a su pesar, los agricultores que viven de este cultivo.

Los detractores, además del principio de precaución , esgrimen posibles perjuicios como la transferencia de genes resistentes a otras plantas por la simple polinización, el traslado de las características a otras especies, la eliminación de organismos que no eran el objetivo de la modificación y la generación de resistencias a medio plazo.

Mientras, sus defensores aluden a la multitud de ensayos donde no se han detectado peligros, lo que, a su juicio, los convierte en los alimentos más seguros del mercado, la posibilidad de evitar pérdidas por plagas a los agricultores o la certeza de que los transgénicos son los únicos que pueden erradicar el hambre mundial.

Entre los dos fuegos, las Administraciones optaron por extremar las garantías y no autorizar nuevas variedades.

Dentro de lo primero estaría la decisión de la UE de que todos los productos que lleven más de un 0,9% de transgénicos estén obligados a portar una etiqueta clara que lo indique, para que el consumidor decida.

La normativa no ha sido muy del agrado de los contrarios a los OMG, porque no se contempla que el etiquetado se mantenga también en el segundo nivel, es decir, en las carnes de animales alimentados con estos productos, cuando la mayoría de los cultivos se destinan a fabricar piensos.

En lo segundo estaría la posición del nuevo Gobierno de España, que frente a la postura del anterior, favorable a votar en la UE por la apertura de la lista de OMG autorizados a nuevas variedades, anunció por boca del secretario general de Agricultura, Fernando Moraleda, que nuestro país se abstendría en la votación, y exigiría más garantías. De este modo, el Ministerio de Agricultura recabará nuevos informes científicos, lo que ha impedido a los Quince levantar la moratoria sobre la comercialización de transgénicos, puesto que la postura favorable no logró los votos suficientes. Esta moratoria, vigente desde 1998, fue llevada al Consejo de Ministros de Agricultura, y la pelota vuelve al tejado de la Comisión Europea, que presentó la propuesta.