«Tenemos que buscar fórmulas para reducir los costes de energía eléctrica. Desde el año 2008, cuando desaparecieron las tarifas de riego, no han hecho más que subir de tal forma que ya son prácticamente insoportables. Y las perspectivas que hay son que la energía eléctrica se siga encareciendo». Así explica Juan Antonio Merino, secretario gerente de la Comunidad de Regantes del Canal del Zújar, por qué esta entidad ha decidido poner en marcha una planta fotovoltaica con la que producirá parte de la electricidad necesaria para llevar el agua a sus explotaciones, disminuyendo así la abultada factura eléctrica a la que tienen que hacer frente cada año. Ha sido la primera en hacerlo en Extremadura, pero al menos otras seis comunidades (Talavera la Real, Urdimalas del Tiétar, Mérida, Montijo, Guadiana y Margen Derecha del Río Salor) tienen otros proyectos similares en desarrollo.

La comunidad del Zújar, una de las principales de la región, extiende su zona regable por 21.141 hectáreas de los términos municipales de Villanueva de la Serena, Don Benito, Medellín, Mengabril, Guareña, Valdetorres, Oliva de Mérida, Villagonzalo, La Zarza y Alange. Agrupa a unos 7.200 regantes (propietarios de parcelas). Su recibo anual de electricidad ronda los tres millones de euros, de los que 950.000 corresponden a la potencia contratada y el resto a la energía consumida. En los últimos «tres o cuatro años» el desembolso que realizan en este capítulo ha aumentado «del orden del 50%», lamenta Merino. El uso que hacen los regantes de la electricidad se ve penalizado, además, por el hecho de que por ley tienen que tener contratada durante todo el año «la potencia que necesitan en el periodo de mayor utilización», lo que obliga a pagar doce meses por algo a lo que realmente se recurre solo a lo largo de «cuatro o cinco».

El proyecto de los regantes del Canal del Zújar consta de seis plantas fotovoltaicas que suman una potencia de 600 kilovatios (kw). Las obras están ya finalizadas, y la previsión es que la instalación esté funcionando de aquí a un mes, por lo que llegará a tiempo para las semanas de mayor intensidad dentro de la campaña de riego. La inversión ha sido de 799.316 euros, de los que la Junta de Extremadura ha aportado 589.139 euros al acogerse esta comunidad al decreto 133/2017 de eficiencia energética en las zonas regables de Extremadura. Para este primer año, estiman un ahorro de entre un 3% y un 4% del término consumo, lo que se traducirá en pagar de 70.000 a 75.000 euros menos. Además, dentro de la nueva convocatoria de ayudas autonómicas, prevén la instalación de alrededor de 700 kw adicionales. «Esto hay que ir haciéndolo poco a poco», apunta Merino, que reconoce que sin las ayudas de la Junta realizar estas inversiones sería «inviable» para los regantes. La convocatoria se publicó hace dos semanas y cuenta con un plazo de dos meses para presentar las solicitudes.

Merino incide también en lo importante que sería a la hora de dar viabilidad a estas inversiones el que se facilite el balance neto, de forma que pueda compensarse el mayor consumo eléctrico que se produce en determinados periodos con el exceso de producción que se vierte a la red en otros, «porque nosotros no estamos consumiendo todo el año pero las plantas, siempre que hay sol, sí están produciendo».

El proyecto para la instalación de estas seis plantas ha sido desarrollado por Opengy, una empresa especializada en soluciones de autosuministro y gestión de la energía para medianos y grandes consumidores. Su director general, Manuel de Castro, subraya que, para los agricultores en general, y las comunidades de regantes en particular, «que tienen como uno de sus principales costes, si no el principal, el consumo eléctrico», poder disponer de una fuente de energía con precios «más competitivos», como es el caso de la fotovoltaica, conlleva dos ventajas fundamentales. Por un lado, el ahorro económico. Por otro, la «tranquilidad de depender en menor medida de la volatilidad de los precios de la luz».

Decreto de autoconsumo

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que regula el autoconsumo eléctrico en España. Entre otras cuestiones, incluye un mecanismo para compensar el excedente de energía, de manera que la comercializadora compensará al usuario por la energía excedentaria en cada factura mensual. Este mecanismo es aplicable para aquellas instalaciones con una potencia no superior a 100 kilovatios —siempre que la electricidad sea de origen renovable— y la compensación económica podrá llegar hasta el 100% de la energía consumida por el usuario en ese mes.

En relación a esta nueva normativa, de Castro destaca que «lo que había antes era algo totalmente atípico en cuanto a regulación del autoconsumo comparándolo con cualquier otro país del mundo», y que lo que se ha aprobado ahora «supone estar ya en un marco legal con más sentido y más normal». «Para una región como Extremadura, puede representar una gran oportunidad», destaca, tanto en términos de creación de empleo como a la hora de mejorar la competitividad de las empresas.