Solo la Junta de Extremadura puede hacer a Tragsatec dar marcha atrás en su decisión de ejecutar 65 despidos en Extremadura dentro del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado a nivel nacional. Es lo que trasladaron ayer tanto los representantes sindicales como los trabajadores afectados por el ERE, dentro de una jornada de huelga con escaso seguimiento en la región, según fuentes sindicales, y con una manifestación convocada en Madrid en la que sí hubo representación extremeña a través de varios delegados.

"Hay despidos por ejecutar y la gente tiene miedo", justificaba Luis Aguilar, representante de UGT sobre el seguimiento a la primera jornada de paralización convocada tras ejecutarse 65 despidos en la región (63 de Tragsatec y 2 de Tragsa).

La cifra convierte a Extremadura en la comunidad más castigada por el ajuste de personal de la empresa, puesto que las salidas suponen el 25% de las previstas en todo el territorio nacional, a pesar de que la plantilla solo representa a un 7% del total, señalan los afectados. De hecho, la sentencia del Supremo que amparó el ERE del grupo Tragsa autorizaba la eliminación de 93 trabajadores en Extremadura (86 de Tragsatec y 7 de Tragsa) por lo que la empresa podría comunicar nuevos despidos antes de finales de enero, el plazo autoimpuesto. Los representantes sindicales desconocen si se agotará o no el cupo máximo. "No nos han comunicado ninguna intención más, pero aún hay plazo para decidir nuevas salidas", reconoce Pedro Gómez, representante de Csif.

PRESIONAR Los representantes sindicales piden a la Junta que presione a la empresa para que reconsidere la situación y buscarán el apoyo de la Asamblea. "Hay trabajo y hay presupuesto", reivindica Gómez. También prevén una reunión con la delegada del Gobierno y se sumarán a las nuevas protestas convocadas este mes (el 26 de enero por Tracsatec) y en febrero (convocada por Tragsa) en Madrid.

Tras la decisión de la Junta de aumentar la dotación presupuestaria para proyectos de Tragsatec en la región a finales de 2015, los trabajadores vieron "un mensaje a la empresa de que no había justificación a los despidos" e incluso la carga de trabajo era tal, que "nos anularon vacaciones y días libres --durante el mes de diciembre-- porque no era posible sacar el trabajo", dicen. Por eso les sorprendió que "unos días después comenzaran los despidos". Además, mientras 60 trabajadores recibían la comunicación oficial de su salida, otros iniciaban la nueva campaña de sanidad animal, que por el momento está asumiendo la plantilla disponible. "Si entonces nos anularon los días libres para acabar el trabajo ¿cómo pretenden que se haga ahora el trabajo con 60 personas menos?", se queja Pedro Gómez.

Los sindicatos temen que la empresa persiga "emplear a estos trabajadores o a otros en precario".

Es lo mismo que temen desde la plataforma constituida entre los trabajadores afectados por el ERE, que ayer reivindicaron al Ejecutivo de Vara "medidas drásticas". "Son el cliente de Trgsatec --quien contrata sus servicios-- y por tanto quien debe decidir las condiciones bajo las que debe realizarse el trabajo", defendió Carlos Cordero, portavoz del colectivo.