Una portavoz de la compañía Unión Fenosa ha confirmado a EL PERIODICO que esta empresa eléctrica está decidida a recurrir el nuevo impuesto ecológico que entró en vigor el 1 de enero de este año, en sustitución del vigente desde 1997. Mientras, desde Endesa e Iberdrola, las otras dos firmas más afectadas por el gravamen, no se desveló si habría o no recurso, puesto que aún están abiertas las negociaciones con el Ejecutivo extremeño para ver cómo se devuelve lo pagado entre 1998 y el 2005, según dictó el Tribunal Constitucional. El tributo, que grava a las empresas que posean instalaciones de producción o distribución de energía eléctrica y a las que tengan antenas de telefonía móvil, fue modificado por la Junta tras el acuerdo alcanzado el pasado año con el Gobierno.

Este acuerdo establecía que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero retiraría el recurso de inconstitucionalidad contra las denominadas Medidas Fiscales sobre las Instalaciones de Producción y Transporte de Energía que incidan en el Medio Ambiente, planteado cuando gobernaba el PP, si el Gobierno extremeño introducía determinadas modificaciones. Los cambios fueron introducidos en una ley publicada en el DOE el 31 de diciembre del 2005, y que entró en vigor al día siguiente, lo que motivó la retirada del recurso del Gobierno.

EN VIGOR SEGUN LA JUNTA Sin embargo, no se frenó otro recurso planteado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) a raíz de una demanda contencioso-administrativa planteada por Endesa --y posteriormente por el resto de compañía afectadas-- contra la liquidación del impuesto.

Ante las dudas, el TSJEx decidió elevar el asunto al Constitucional y mantener mientras tanto en suspenso los contenciosos de las empresas.

El pasado 13 de junio, el Tribunal Constitucional anulaba el impuesto ecológico , lo que supuso que el TSJEx activase los recursos pendientes y comenzase a emitir sentencias obligando a la Junta a devolver lo cobrado en los últimos ocho años, que suma alrededor de 170 millones de euros.

Sin embargo, y tras reconocer que los pagos del impuesto tenían que ser devueltos --para lo cual hay negociaciones abiertas con las compañías-- la Consejería de Hacienda aseguró que la decisión del Constitucional sólo afectaba al texto del tributo en su redacción original de 1997, pero no al nuevo texto de diciembre del 2005, por lo que podía seguir aplicándolo.

La consejería señaló además que nadie había recurrido el nuevo tributo, lo que demostraría su total ajuste a la ley. Sin embargo, lo cierto es que el proceso para recurrir el impuesto no podía iniciarse hasta ahora.

Esto es así porque el tributo entró en vigor el 1 de enero del 2006, con lo que la primera liquidación no se producirá hasta finales de este año. Será entonces cuando las compañías puedan plantear --como hicieron en su día-- recurso contencioso ante el TSJEx.

También será entonces cuando el Alto Tribunal extremeño tenga que decidir si resuelve estas demandas o actúa como en la ocasión anterior, es decir, trasladando el asunto al Constitucional. En este último caso, será este tribunal el que tenga que pronunciarse sobre si el nuevo texto es o no admisible.