El presidente de Filipinas, Benigno Aquino, prometió hoy acabar con la malversación de fondos públicos en el Parlamento a las decenas de miles de personas que protestan en Manila y otras ciudades del país contra la corrupción.

Aquino dijo en un acto oficial en Taguig, con ocasión del Día de los héroes, que identificarán y juzgarán a todos aquellos que han robado de los fondos para el desarrollo que recibe cada legislador.

"No vamos a permitir que nadie se alimente de la avaricia de unos pocos. Lucharemos para impedir que se repitan los errores del pasado y para garantizar el desembolso adecuado del dinero público", manifestó el jefe del Estado, según el diario "Inquirer".

Las promesas del mandatario surgen cuando "La marcha de un millón de personas", como ha sido bautizada en internet a la movilización nacional que se lleva a cabo, pretende canalizar la indignación de la sociedad filipina por el uso indebido de fondos estatales.

El arzobispo de Manila, el cardenal Luis Antonio Tagle, se unió a las miles de personas que se congregaron en el parque de Rizal, en el corazón de la capital filipina, según la televisión.

Tagle conminó a los presentes a demostrar al mundo que Filipinas es un país de héroes y personas con integridad, una integridad que, según precisó, debería prevalecer en todos los sectores de la sociedad, en las familias, colegios, oficinas, penitenciarías, tribunales, iglesias y mezquitas, el Senado y el Congreso de los Diputados.

Al parque de Rizal acudieron estudiantes, monjas y sacerdotes, comerciantes, taxistas y todo tipo de profesionales que aprovecharon la jornada festiva en el país.

La movilización nacional surge tras el escándalo de corrupción descubierto en el Legislativo.

Según la Oficina Nacional de Investigación, cinco senadores y 23 diputados entregaron dinero de sus fondos especiales a organizaciones no gubernamentales falsas para proyectos inexistentes por un valor de 10.000 millones de pesos (226,3 millones de dólares) durante la década pasada.

La empresa JLN Corporation, que preside Janet Lim-Napoles, reintegraba a los legisladores entre el 40 y el 45 por ciento del capital recibido y que justificaba con recibos de organizaciones no gubernamentales fantasma.

Cada senador recibe el Estado 200 millones de pesos (4,5 millones de dólares) para invertir en proyectos de desarrollo prioritarios, y los congresistas, 70 millones de pesos (1,6 millones de dólares).