La carísima reconstrucción de las zonas devastadas por el Katrina está proporcionando sustanciosos contratos a empresas ligadas a los republicanos, el partido del presidente de EEUU, George Bush. Más de un 80% de los 1.500 millones de dólares (1.244 millones de euros) de contratos firmados ya por el Gobierno se han adjudicado a dedo, según reveló ayer The New York Times . Y eso nada más empezar la reconstrucción, porque sólo Luisiana ha solicitado ya 207.000 millones de euros en ayuda federal.

Dos de los contratistas favorecidos por la agencia federal de gestión de emergencias (FEMA, en sus siglas inglesas) han despertado sospechas por sus conexiones con los republicanos. Una de ellas, Kellogg, Brown & Root, es una subsidiaria de Halliburton, la empresa que encabezó el vicepresidente Dick Cheney. Tras la intervención del lobista Joe Allbaugh, exdirector de campaña del presidente Bush y exdirector de FEMA, Kellogg ha obtenido un contrato por 50 millones de euros, a pesar de haber sido denunciada en el pasado por auditores del Gobierno, por haber inflado los costos de los servicios que aporta a las tropas de EEUU en Irak.

GOBERNADOR IMPLICADO Igualmente sospechoso es el contrato por 471 millones de euros adjudicado a AshBritt, una empresa de Florida que está relacionada con el gobernador republicano de Misisipí, Haley Barbour. Según el Times , esta compañía fue cliente de Barbour cuando éste dirigía una empresa de lobis a la que las compañías de cualquier sector contratan para impulsar sus proyectos.

La mayoría de estos contratos se cerraron con un simple apretón de manos, sin presentar documentación para acreditar la capacidad de las empresas para llevar a cabo el trabajo que se les requería. "Cuando se hace algo así, se aumenta la vulnerabilidad ante el fraude, el despilfarro, el abuso y la mala gestión", advirtió Richard Skinner, inspector general de Departamento de Seguridad Nacional, que ha colocado a 60 de sus auditores a revisar los contratos de limpieza y reconstrucción tras el Katrina .

Muchas empresas elegidas para estos contratos atraviesan, además, problemas legales.