El expresidente peruano Alan García deberá declarar ante una comisión del Congreso el próximo 30 de octubre, tras ser denegada su acción de amparo para que no se le investigue por supuestos delitos de corrupción, informó hoy el titular de la misma, el oficialista Sergio Tejada.

"Lo que hace este nuevo fallo es ratificar lo que se había indicado anteriormente, que se proceda a una nueva citación al expresidente García (...) Me parece muy importante que este fallo declara improcedente el pedido de que se suspenda toda la investigación parlamentaria", declaró Tejada a la emisora Radio Programas del Perú (RPP).

El presidente del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, Hugo Velásquez, rechazó y declaró impertinente una acción de amparo que interpuso García para que se suspenda el trabajo de la denominada "megacomisión" del Congreso, que lo investiga desde marzo pasado por presuntos actos de corrupción en su segundo mandato (2006-2011).

El también presidente entre 1985 y 1990 ya fue citado para asistir a la "megacomisión" el 30 de octubre, según confirmó Tejada, quien añadió que se escogió esa fecha debido a que su grupo tiene como plazo el 15 de noviembre para entregar un informe al Congreso.

El congresista también señaló que se están realizando las gestiones para que el exmandatario acceda a la información que ha recopilado la comisión.

"Mucha de la documentación es pública, porque se refiere a decretos de urgencia, decretos legislativos que le han sido debidamente indicados en la citación. De manera que en estos días puede ir acopiando toda esa información, independientemente de la documentación de la comisión", aseguró.

García, líder del Partido Aprista Peruano, se presentó el pasado 3 de abril en sesión reservada ante el grupo de trabajo parlamentario, tras lo cual dijo que no volvería nuevamente porque se le estaba "faltando al respeto" y denunció que se quería impedir una eventual postulación suya en las elecciones presidenciales de 2016.

Entre los casos más notorios contra García figura una denuncia por espionaje telefónico y los indultos otorgados a cientos de presos, entre ellos por narcotráfico.