Un escándalo es lo último que necesitaba Barack Obama en Afganistán. Su estrategia para continuar la intervención militar allí ha decepcionado a muchos de quienes apostaron por el cambio que prometía el presidente de Estados Unidos y está produciendo, además, escasos avances, constatados por el empeoramiento de las condiciones de seguridad en el país. Pero es un escándalo, y de considerables dimensiones, a lo que se enfrenta desde el martes, cuando salió a la luz un caso de excesos y abusos que, para colmo, está protagonizado por contratistas privados, otra de sus pesadillas en relaciones públicas.
El Proyecto de Supervisión del Gobierno, una organización no gubernamental que "investiga y expone corrupción y conductas inapropiadas", entregó hace tres días una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, denunciando los abusos cometidos por guardias de seguridad privada de la empresa ArmorGroup contratados para proteger la embajada en Kabul. Como sucedió con el escándalo de Abú Graib, la normalización del uso de las cámaras digitales permite apoyar gráficamente la denuncia.
ACTITUDES INTOLERABLES Las imágenes y la carta, facilitadas también a los medios, exponían actitudes intolerables de los guardias, más aún en un país musulmán. Al menos 30 de los jefes de seguridad celebraban, casi cada semana, fiestas donde había alcohol --que llegaban a beber tras dejarlo caer por el cuerpo desnudo de compañeros--, obscenidades y en las que sometían a sus subordinados --en algunos casos afganos subcontratados-- a novatadas.
En al menos un caso se llevó a prostitutas a Camp Sullivan, el enclave colindante a la embajada donde residen los 450 empleados de ArmorGroup encargados de proteger las instalaciones diplomáticas. En otro se realizó una misión no aprobada fuera de las instalaciones. Y, según la denuncia, apoyada por testigos, los supervisores crearon un clima de miedo y sometieron a quienes no seguían sus órdenes a humillaciones, degradaciones e incluso despidos.
El Departamento de Estado reaccionó inmediatamente y un portavoz de Clinton, Ian Kelly, admitió su culpa. "En Kabul estaban pasando cosas que no sabíamos y deberíamos haber sabido", dijo, aunque aseguró también que "la seguridad de la embajada nunca estuvo comprometida". Anunció que su inspector general ha iniciado una investigación, en la que colaborará un equipo que irá en breve a Afganistán para analizar lo ocurrido.
De momento, ayer mismo se decidió poner la protección de la embajada en manos de personal de seguridad diplomático e imponer la ley seca en Camp Sullivan. Y el embajador en Afganistán, Karl Eikenberry, mantenía una reunión con su personal para analizar la situación.
Pese a la aparentemente rápida reacción, el incidente saca los colores al Departamento de Estado. Y es que ya en junio un subcomité del Senado alertó sobre las deficiencias de ArmorGroup, que tiene desde marzo del 2007 un contrato valorado en 189 millones de dólares. Entonces uno de los aspectos que se identificó como problemático es que la empresa estaba subcontratando a ciudadanos de terceros países que casi no hablaban inglés, dificultando la comunicación, esencial en misiones de seguridad.
Pero es Obama quien sale tocado. Ha renovado contratos con Xe Services --la antigua Blackwater-- y ha aumentado las contratas con empresas similares. En Afganistán hay más contratistas que soldados (68.200 frente a 52.300) y son los mercenarios los que asumen el 16% de las misiones de seguridad.
