El Gobierno chino debe poner fin a su política de realojamiento forzoso de millones de tibetanos, que afecta a su modo tradicional de vida, exigió hoy la organización Human Rights Watch.

Un informe divulgado hoy, bajo el título "Dicen que deberíamos estar agradecidos: Realojamiento masivo en áreas tibetanas de China", afirma que desde 2006, el Gobierno chino ha puesto en marcha programas masivos para "realojar", bien en viviendas de nueva construcción o reformadas, a dos millones de personas, una mayoría de la población rural en Tíbet.

Al mismo tiempo, el Gobierno ha acelerado la sedentarización de los pastores nómadas en algunas zonas tibetanas, como la provincia de Qinghai, en un programa que para finales de este año habrá afectado a más de 400.000 personas, el 90 por ciento de esa comunidad en la provincia.

Las autoridades chinas afirman que el realojamiento es completamente voluntario y respeta la "voluntad de los granjeros y pastores tibetanos".

También afirma que las nuevas viviendas están adaptadas a las "características étnicas" y niega que haya habido desalojos forzosos.

En su informe, "Human Rights Watch" cita entrevistas con numerosos tibetanos entre 2006 y 2012 para afirmar que las medidas han perturbado a muchos tibetanos "debido a su impacto en la cultura tibetana", al alejarles del campo y albergarles en estructuras permanentes.

Muchos de los realojos, asegura, no fueron voluntarios y quienes los sufrieron afirman que "nunca se les consultó o se les ofreció alternativas".

Human Rights Watch precisa que bajo el Derecho Internacional, no se consideran forzosos sólo los realojos efectuados mediante el uso de la fuerza, sino también aquellos que carecen de un proceso de consultas, de compensación o de alternativas adecuados.

Aunque algunos tibetanos "han dado genuinamente la bienvenida a aspectos de las políticas de vivienda y se han beneficiado de ellas, muchos están preocupados por su capacidad de mantener su modo de vida en el futuro. La mayoría se considera sujeto de una política a la que no tienen capacidad de oponerse o de reformar", denuncia el informe.

Por ello, la organización pro derechos humanos insta al Gobierno chino a imponer una moratoria a los realojos hasta que se lleve a cabo una revisión de expertos independientes que determinen si estas prácticas respetan el Derecho Internacional.

La organización pide también que el Gobierno chino reconozca y respete la libertad de expresión, asociación y reunión para garantizar que los tibetanos y otros pueden plantear preocupaciones y críticas, incluidas contra la política de realojamiento gubernamental.