Johnson no descarta una nueva suspensión del Parlamento

Boris Johnson podría ordenar una nueva suspensión del Parlamento después del 14 de octubre, que es cuando vence la actual suspensión. "Vamos a esperar a ver lo que deciden los jueces", respondió el primer ministro británico ambiguamente a la vuelta de su calamitoso viaje a Luxemburgo. Preguntado directamente por los jueces del Tribunal Supremo sobre esa posibilidad, el abogado del Gobierno, Lord Richard Keen, alegó que eso es algo a decidir por el primer ministro. Keen había indicado previamente que Johnson "tomará las medidas necesarias para cumplir con cualquier declaración de la corte".

El Tribunal Supremo del Reino Unido comenzó este martes a evaluar si Johnson actuó ilegalmente al cerrar el Parlamento británico durante cinco semanas y si cometió abuso de su poder como primer ministro. Los 11 jueces, tres mujeres y ocho hombres, que representan la máxima autoridad judicial del país, están examinando las apelaciones a dos sentencias contradictorias. La del Tribunal Superior de Londres falló en favor del Gobierno. Su argumento es que la prerrogativa, el mecanismo para suspender el Parlamento, es político y los jueces no deben intervenir. Sin embargo, el máximo tribunal civil en Escocia falló contra el Ejecutivo y declaró ilegal la decisión de Johnson. El Tribunal Supremo tendrá la última palabra en la vista que debe extenderse hasta el jueves.  La decisión final de este conflicto constitucional puede tener un gran impacto en futuro del 'brexit' y del propio primer ministro.   

ABUSO DE PODER

El abogado de la empresaria y militante contra el 'brexit' Gina Miller, Lord David Pannick, que había perdido su caso en el tribunal de Londres, abrió la sesión. "Identificar si el poder ha sido utilizado con un propósito valido es una cuestión legal, no es una cuestión política", declaró. "Ningún primer ministro ha abusado del poder de esa manera, al menos durante los últimos 50 años, decretando una suspensión excepcionalmente larga". Pannick también subrayó que el primer ministro no había presentado prueba alguna al Tribunal Supremo justificando su decisión.