Seis organizaciones de derechos humanos sirias condenaron hoy la "matanza" cometida ayer por el Gobierno contra grupos de manifestantes en distintas ciudades y pidieron que se juzguen a los responsables del uso de la violencia. En un comunicado conjunto, las organizaciones, que cifraron en 76 los muertos ayer en las protestas contra el régimen de Bachar al Asad, denunciaron las detenciones "arbitrarias" de activistas y otros ciudadanos en distintos puntos de Siria. Entre sus peticiones figura la puesta en libertad de todos los detenidos en los últimos días por su participación en protestas pacíficas y liberación de los presos políticos. Las ONGs instaron a que las autoridades sirias respondan "de inmediato" a las peticiones de los manifestantes y den pasos para garantizar más libertades de derechos humanos. Asimismo, llamaron a la formación de un comité judicial independiente en el que participen representantes de organizaciones de derechos humanos sirias, para identificar a quienes utilizaron la violencia y dispararon contra los manifestantes, y llevarlos ante la Justicia. Uno de los firmantes del documento, Ammar Qurabi, presidente de la Organización Nacional para los Derechos Humanos en Siria, declaró telefónicamente a Efe que Siria ayer vivió una jornada de protestas que se extendió "por todas las calles y las plazas del país". Si bien al comienzo de estas manifestaciones, a mediados de marzo, las exigencias se enfocaban en reformas políticas, "ahora lo que está pidiendo la gente es que Al Bachar se vaya". Otros grupos de la oposición, como la Revolución Siria contra Bachar al Asad, cifraron hoy en 112 los muertos de ayer. La cadena catarí de televisión Al Yazira, por su parte, informó hoy de que las víctimas mortales fueron 103. Es muy difícil verificar independientemente estas cifras porque los periodistas tienen grandes limitaciones para movilizarse tanto en la capital como en las otras ciudades del país. Las manifestaciones se produjeron un día después de que el presidente sirio firmara un decreto para poner fin al estado de emergencia, vigente desde 1963, y para abolir el Tribunal de Seguridad del Estado. Pero, según Qurabi, la actuación de ayer de las autoridades para reprimir las protestas políticas demuestra que los deseos de reforma del régimen "no son serios".