Cesan, pero siguen. El alcalde, Pedro Acedo, anunció ayer que ha decidido aplicar ya la sentencia del Tribunal Constitucional que suprime la figura de los consejeros municipales y cesar a los dos con que hasta ahora contaba el Ayuntamiento de Mérida: Manuel Balastegui, delegado de Tráfico y Seguridad Ciudadana, y Oscar Baselga, de Industria y Comercio. Ambos, sin embargo, continuarán desarrollando estas funciones con una nueva denominación, "asesor de alcaldía", en el caso de Balastegui, y "coordinador general de Relaciones Institucionales", en el de Baselga.

Los dos también mantendrán sus retribuciones, que el alcalde cifró en 2.000 euros netos al mes. El alcalde afirmó que acata el fallo del Constitucional recordando que afecta a todos los consistorios, pero que los consejeros mantendrán su actividad, "porque el equipo funciona bien". El PSOE criticó ayer que "Acedo mantenga a los consejeros con otro nombre mientras despide a 28 trabajadores", mientras que IU consideró "esperpéntica" la decisión.

Una sentencia del Tribunal Constitucional del mes pasado anuló la opción de que los ayuntamientos acogidos a la Ley de Grandes Ciudades (de más 250.000 habitantes o capitales) acojan en sus gobiernos a personas que no hubieran concurrido a las elecciones. El tribunal aclaró esta semana, a solicitud de la Abogacía del Estado, que la sentencia debía aplicarse desde su publicación, y no al final de la legislatura.

El alcalde aseguró que, conocido esto, ha decidido aplicar ya la resolución y reubicar a los hasta ahora consejeros. Según detalló, el puesto de asesor de alcaldía, que asume Balastegui, estaba vacante, mientras que la ley prevé el nombramiento de directores o coordinadores, como ocurre con Baselga. Sus competencias, Seguridad y Tráfico en el primer caso y Comercio e Industria en el segundo, quedarán respectivamente adscritas a la vicealcaldía de Raquel Bravo (también responsable de Urbanismo) y la delegación de Ana Blanco (Servicios Sociales, Consumo y Mercados, y Plan Urban, entre otras competencias).

El PSOE indica que Acedo "toma el pelo a los ciudadanos y al Tribunal Constitucional", "manteniendo a los consejeros con otro nombre mientras despide a 28 trabajadores", mientras, además, se registra "una subida indiscriminada de impuestos". Para IU, supone la adopción de una de las medidas más criticadas desde el PP con respecto al anterior gobierno socialista: "la proliferación de personal de libre designación para el desempeño de tareas ejecutivas".