El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 83 trabajadores en el Ayuntamiento de Mérida es necesario por las maltrechas finanzas del consistorio y, además, para mitigar las consecuencias para estos empleados que, según el ayuntamiento, están "en fraude de ley". El alcalde, Pedro Acedo, acompañado de la delegada de Personal, Leonor Nogales, insistió ayer en la necesidad de esta medida y criticó la actitud de algunos sindicatos en la negociación, especialmente de CCOO, cuyas medidas tildó de "peregrinas" y de cuyos miembros puso en duda que "miren por el bien de los trabajadores", como a su juicio sí hace el equipo de gobierno.
Acedo aseguró que las medidas de ahorro que plantea CCOO, como eliminar la cobertura de puestos vacantes o de libre designación, pueden reducir los derechos laborales de los empleados, en el primer caso, o suponer el despido "de unos cuantos trabajadores". "Necesitamos rebajar el capítulo de personal", insistió aludiendo una vez más al déficit que arrastra el ayuntamiento, pero aseguró que han decidido utilizar la opción del ERE para intentar minimizar los efectos sobre los trabajadores, recurriendo por ejemplo a la reducción de jornada.
Al respecto, Nogales aseguró que los afectados podrían haber sido despedidos directamente con su indemnización correspondiente, puesto que fueron contratados de forma temporal y permanecen en el consistorio "en fraude de ley". Los sindicatos, sin embargo, aseguran que estos trabajadores tienen por ley la consideración de indefinidos por haber encadenados varios contratos temporales. Las próxima reunión sobre el ERE se celebrará el miércoles que viene.
