Una vivienda situada en pleno centro de la ciudad, en la calle El Puente número 1, cuyo inquilino fue desalojado tras emitir el ayuntamiento un decreto de ruina inminente y peligro con una orden de demolición inmediata, aún sigue en pie, hecho que denuncia ahora la familia desahuciada, que tuvo que abandonar precipitadamente la casa en la que vivían desde hacía casi 30 años.
El expediente de ruina fue promovido en 1994 por el propietario de la edificio, que finalizó con el decreto de alcaldía, gobernada por el PSOE. En el expediente se afirmaba que "la demandada ha echo caso omiso a todos los requerimientos para abandonar la casa ruinosa, corriendo serio peligro de hundimiento si el próximo invierno es abundante en lluvias".
La inquilina de la vivienda presentó entonces un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para que anulase el decreto y la orden de demolición, que fue desestimado. En la sentencia, emitida en noviembre del 98, se daba de plazo un mes para derribar el inmueble.
El tribunal aceptó la tasación del aparejador municipal de la vivienda (12.000 euros) y el coste de la reparación (8.000 euros), amparándose la ley del suelo de 1992 que dice que una edificio se puede declarar en ruina cuando su arreglo supera el 50% del valor del edificio. En este caso el porcentaje era del 69%. La arrendataria presentó otra valoración con un porcentaje del 33%.
