Casi un centenar de familias emeritenses en situación de necesidad están a la espera de recibir una vivienda social de la Junta de Extremadura. El dato lo aporta la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que señala que ante la no disponibilidad de pisos vacíos, en los casos más urgentes se opta por conceder a los afectados una ayuda complementaria al alquiler privado para dotarles de una alternativa habitacional digna.

Estas ayudas, de las que también pueden beneficiarse familias que hayan sido desahuciadas judicialmente de una vivienda alquilada anteriormente y los jóvenes, cubren el 65% de la renta con un tope máximo de 250 euros.

Según la información facilitada por el departamento que dirige José María Vergeles, el Ejecutivo autonómico es propietario de aproximadamente 1.400 viviendas sociales en Mérida, todas ellas adjudicadas actualmente en régimen de alquiler en las barriadas de San Lázaro, Juan Canet, Nueva Ciudad o las denominadas 80 Viviendas.

Pese a no disponer de casas, la consejería está tramitando en estos momentos 87 expedientes de familias con necesidad de vivienda, a las que se trata de buscar una alternativa habitacional. Para ello, recurre a las ayudas para el pago de un alquiler privado (medida a la que se destinó casi un millón de euros el año pasado para toda la región) y también opta por recuperar los inmuebles que en su día fueron adjudicados pero que ahora no están habitados, están ocupados de forma ilegal o cuyos inquilinos son responsables de «conductas asociales» (por ejemplo, condenas por tráfico de drogas).

160 RECUPERADAS / En los últimos cuatro años han sido 160 las viviendas recuperadas en Mérida por esta vía (generalmente se hace a través de desahucios, por lo que el proceso no está nunca exento de polémica). De esta cifra, 44 pisos se recuperaron en 2016, en el 2017 fueron 67 y en el 2018, 32. En los cinco meses que llevamos de 2019, han sido 17 los pisos que la Junta ha logrado recuperar por los motivos ya citados anteriormente.

Tras la recuperación de las viviendas, detalla la consejería, estas se reparan y son adjudicadas de nuevo a familias solicitantes de viviendas que cumplen los requisitos establecidos en el decreto de adjudicación de viviendas de promoción pública y que se encuentran en situación de extrema y urgente necesidad.

Cabe destacar que la renta que abonan los adjudicatarios de estas viviendas sociales ronda los 100 euros al mes.