El futuro de los 34.000 metros cuadrados que ocupaba el antiguo cuartel de artillería Hernán Cortés, en pleno corazón de la ciudad, sigue siendo una incógnita. Su situación acaba de dar un nuevo vuelco motivado por una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mérida, que da la razón a un particular que pidió la anulación de la ordenación urbanística aprobada por el anterior Gobierno del PSOE. En este caso el denunciante es uno de los herederos de los terrenos en los que se ubicaron las dependencias militares a principios del siglo XX, conocidos como reversionistas.
Lo que anula el juez es el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), que es una figura de ordenación urbanística, que fue aprobado en el pleno municipal del pasado 12 de enero del 2010 con el voto contrario del PP, entonces en la oposición. El portavoz municipal, Fernando Molina, subrayó ayer que el juzgado da ahora la razón al particular que denunció el acuerdo, y también a las tesis defendidas entonces por el PP. Es por ello por lo que el ayuntamiento, a pesar de que aún tiene la posibilidad de hacerlo, no recurrirá la sentencia, que dentro de unos días será firme.
En el fondo del asunto se encuentra un espacio reservado dentro de estos terrenos para compensar a los legítimos herederos del suelo en caso de aparición de restos arqueológicos de importancia, con el fin de desarrollar el proyecto urbanístico que, según la ordenación del 2010, contemplaba una gran plaza pública presidiendo una amplia zona destinada fundamentalmente a espacios culturales y relacionados con el turismo.
Algunos de los argumentos esgrimidos por el tribunal, que encargó un informe pericial para tal fin, son la inexistencia de normas urbanísticas que aclaren la nueva calificación de espacio libre de edificación; la falta de una mención al plan del 2005 y en qué medida queda derogado con el que ahora anula el juez; o que no se recoge el destino dotacional público en los planos y en la memoria. Asimismo el informe pericial alude "a las compensaciones arqueológicas en el sentido de que están reflejadas como un objetivo del Plan Especial pero que en sí mismas no se han visto reflejadas en la ordenación, incluso se podrían haber obviado y si se hace mención a las mismas solo puede serlo como una intención futura, que pasa ineludiblemente por una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)".
VUELTA AL 2005
Por todo ello el fallo anula "el acto administrativo impugnado por ser contrario a derecho, con retroacción del procedimiento administrativo que dio lugar a su dictado". Según Molina, ahora el tribunal ha "tumbado" la ordenación aprobada por el PSOE y ha ratificado todas las alegaciones que el PP expuso contra el plan. Asimismo, la sentencia determina que se retrotraiga el procedimiento administrativo a la situación anterior con lo que, según Molina, se restituye el PERI que fue aprobado por el Gobierno de Pedro Acedo en 2005 y anulado por el PSOE la pasada legislatura. El portavoz del gobierno local subraya que el fallo demuestra que el proyecto que los populares querían ejecutar en estos terrenos del centro de la ciudad, que contempla un gran espacio comercial, era "completamente legal" y que el que los socialistas elaboraron en su sustitución por "revanchismo" era una "chapuza".
Sin embargo, este mismo tribunal ya anuló en septiembre del 2009 el convenio firmado en 2005 por el anterior gobierno de Acedo con un representante de los reversionistas para la adquisición de los terrenos. Antes de que esto ocurriera el anterior gobierno ya lo había paralizado por la vía administrativa. Lo hizo tras un dictamen elaborado por el Consejo Consultivo de la Junta de Extremadura que lo declaraba ilegal al fijar más de la mitad de la superficie total para uso comercial a pesar de tratarse de un suelo dotacional público.
En caso de no haber paralizado el proyecto, según dijo entonces la portavoz socialista, Estrella Gordillo, y de haber seguido adelante la propuesta del PP, el juez hubiera retirado al ayuntamiento la titularidad de unos terrenos en plena construcción tras anular el convenio con los reversionistas del 2005, y una importante compensación económica a las empresas adjudicatarias, mayor de la que recibieron en el 2007 con la entrada en el gobierno del PSOE.
FUTURO
Preguntado ayer por el futuro de estos terrenos, Molina dijo que el equipo de Gobierno estudiará la situación de los mismos y buscará proyectos que puedan desarrollarse a tenor de la situación económica actual, que es muy distinta, dijo, de la que había en el 2005 y que, por tanto, requeriría una importante participación de la iniciativa privada. En este sentido hizo referencia a la propuesta planteada durante la pasada campaña electoral acerca de un posible interés de El Corte Inglés por establecerse en la ciudad, aunque no concretó nada.
