El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mérida, Miguel Valdés, ha destacado hoy la "dificultad" para expropiar las viviendas de la zona de El Prado, una petición del "Campamento Dignidad" para que sean ocupadas por familias que lo necesitan.

Valdés, quien es también gerente de la empresa pública Gisvexa, ha apuntado que este objetivo es "muy difícil de conseguir por no decir que es imposible", según ha informado hoy el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.

Así, ha explicado que la empresa promotora entró en concurso de acreedores y en la actualidad hay una administradora concursal en Madrid que se encarga de su gestión, por lo que ni siquiera el banco tiene aún acceso a la propiedad de las viviendas, ha añadido.

"La promotora está en concurso de acreedores y el banco está intentando cobrar como sea, en dinero o en propiedad", ha aseverado Valdés, al tiempo que ha detallado que mientras tanto está en manos de una administración concursal y por ello es "imposible la expropiación".

A su juicio, no es necesario llegar a esta solución que plantea el "Campamento Dignidad" porque el parque de casas sociales del Gobierno extremeño "puede cubrir" las necesidades que tengan las familias que hayan perdido su hogar o tengan dificultades para acceder a una vivienda libre.

Por otra parte, en relación a la noticia publicada por un diario regional relativa a robos por valor de 275.000 euros en el centro de salud de la zona norte, ha recordado que la empresa que se encargaba de la construcción del edificio también entró en suspensión de pagos.

Ha apuntado que este hecho bloquea el proyecto incluso para el propio Ejecutivo regional, quien "no ha podido volver" a licitar las obras para que se termine el centro, según ha detallado.

Valdés ha lamentado que durante este tiempo el edifico haya sido objeto del "saqueo" y ha considerado que se debería hacer un seguimiento a los materiales que se sustraen, como el hilo de cobre, porque tienen unos "receptores que luego comercian" con ellos.