La edil del grupo municipal popular, Raquel Bravo, aseguró ayer que el equipo de gobierno "vulnera los derechos" de la oposición al no facilitar los diferentes documentos que por ley corresponde. Por ello, el PP local denunció el caso el pasado 20 de abril y ahora el Tribunal de Contencioso Administrativo número uno de Mérida les da la razón y considera que el gobierno municipal ha vulnerado los derechos fundamentales de la oposición, algo que en democracia es "intolerable". Bravo aseguró que la sentencia, de 24 de mayo, es firme, por lo que al grupo le "sorprende" que sigan sin recibir la documentación que a través del juzgado "tuvieron que pedir".
En concreto, las solicitudes son referentes a informes de la policía ante determinadas acciones,un convenio que se firmó para la cesión del inmueble al Campamento Dignidad o datos sobre la deuda que tenía la Junta de Extremadura con el ayuntamiento. La portavoz del Gobierno municipal, Carmen Yáñez, negó ayer este extremo e indicó que "desde el minuto cero no ha faltado la transparencia" y que la información solicitada por parte del PP local era pública y puede consultarse en la página web del consistorio. "Cualquier convenio está regularizado y el PP cedió muchos locales sin convenio", puntualizó Yáñez.
