Más de tres años han pasado ya desde que el grupo árabe Al Khaleej Sugar, uno de los mayores productores mundiales de azúcar, diese a conocer su intención de construir una planta azucarera en las instalaciones de Expacio Mérida, un parque empresarial propiedad del Gobierno regional ubicado a unos cinco kilómetros de la ciudad. A día de hoy no se ha puesto ni una piedra sobre el terreno, lo que ha ocasionado que el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, le haya dado un ultimátum a la empresa. Este diario ha intentado ponerse en contacto con la compañía en varias ocasiones para conocer en qué punto se encuentra el proyecto, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha.
A comienzos de septiembre, el primer edil aseguraba que si la promotora no daba antes de final de año «un paso adelante» sobre la ejecución del proyecto, el consistorio pediría a la Junta de Extremadura que desbloqueara el suelo previsto en Expacio Mérida para esta industria, que está «retenido a través de la sociedad Feisa con unos avales y una garantía por parte de la empresa». Osuna explicó que un par de meses atrás había mantenido una conversación con el presidente del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, y este le había trasladó que «la empresa seguía muy interesada, pero que los plazos de la empresa eran otros plazos». De hecho, este diario también ha tratado de conocer el posicionamiento del Gobierno sobre este asunto, pero sin éxito por el momento.
El 30 de junio de 2017, el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó un anuncio por el que se sometía a información pública la solicitud de la autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental para el proyecto de una planta de procesado de remolacha para la elaboración de azúcar refinado, promovido por la empresaria dubaití Hassa Jamal Al-Ghurair, hija de Jamal Majid Al-Ghurair, fundador y director general de Al-Khaleej Sugar. Desde un primer momento, la Junta y el consistorio se pusieron manos a la obra para agilizar los trámites administrativos que solicitaba la compañía, ya que esta no tenía decidido aún si desarrollar la industria azucarera en Mérida o en Harrogate (Reino Unido).
En diciembre de ese mismo año, el proyecto recibía la declaración de impacto ambiental y la autorización ambiental integrada por parte de la Junta, que también aprobaría el proyecto de reparcelación de Expacio Mérida para resolver las peticiones en materia urbanística. Además, el ayuntamiento también modificó sus ordenanzas fiscales a petición de la compañía. De esta forma, el grupo árabe recibiría una bonificación del 95% en el pago de los impuestos de construcción, bienes inmuebles y actividades económicas, ya que el proyecto había sido declarado de interés municipal, tal y como había solicitado.
Un año más tarde, el presidente extremeño y el representante de Ibérica Súgar Company, empresa con sede en Mérida y perteneciente al grupo Al Khaleej Sugar, firmaron un acuerdo con el protocolo general de actuación para desarrollar la planta azucarera en Mérida, que se escenificó en una rueda de prensa. El deseo de Ibérica Sugar era poder iniciar las obras en el primer semestre de 2019 y los trabajos se extenderían por dos años.
