Hace unos días, una amiga periodista en paro envió su currículo a una oferta de empleo. 24 horas después, recibió un correo de la empresa (se dedica a realizar publirreportajes) indicándole que no le iban a hacer ninguna entrevista, pero que le daban la oportunidad de demostrar su valía profesional.

¿Cómo? Se preguntarán ustedes. Algo tan sencillo como que, en el plazo de 30 días, debía escribir un publirreportaje. Hasta aquí todo parece normal. La sorpresa aparece cuando el contratador le indica a mi amiga que debe buscarse una empresa que pague 1.150 euros por ese reportaje y, a cambio, la periodista se lleva 250 euros (gastos incluidos). Si todo va bien, a esta redactora le harían un contrato de autónomo durante seis meses y, si supera la prueba, indefinido.

¿No les parece que algo rechina? No digo que en este método de contratación sea ilegal, pero sí me parece muy beneficioso para la empresa contratadora porque con que 30 personas «piquen», ya ha ganado 34.500 euros con un gasto de 7.500 (lo que pagaría a los periodistas) y poco lucrativo para el trabajador. En fin, resulta desalentador que se juegue con la necesidad de los desfavorecidos.