Una juez de Valencia ha archivado el proceso contra la multinacional farmacéutica Baxter, que en el año 2001 suministró a centros sanitarios españoles filtros dializadores deficientes que provocaron la muerte de 10 personas. Las familias retiraron las acusaciones tras recibir 325.000 euros (53,2 millones de pesetas) cada una de ellas. El Ministerio de Sanidad aún espera el resultado de la querella en la que reclama 300 millones de euros a la empresa. Es discutible la resolución judicial, que considera que no existen indicios de infracción penal en la actuación de la multinacional, aunque ésta admitió la relación entre el mal estado de sus productos y las muertes, y reconoció que el problema se produjo por deficiencias en sus sistemas de control de calidad.
Este es un nuevo caso de un fenómeno generalizado: la sustitución de las sanciones penales por acuerdos económicos en la vía civil, que puede agilizar la compensación a las víctimas. Pero que es el mismo que ha provocado que en España no se hayan aplicado nunca las penas de prisión previstas para los homicidas al volante. Y que, llevado al extremo, podría llevar a un dudoso sistema de penas diferenciadas para ricos y para pobres.
