La confusión procesal que ha rodeado la detención el martes, durante 12 horas, del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, no debe desfigurar el hecho de que la adjudicación de las contratas de basuras en varios municipios están bajo sospecha y la sombra de la corrupción se cierne sobre cargos públicos municipales y empresarios de la provincia. Tan necesario es esclarecer si alguien de la justicia o de la policía se extralimitó en sus atribuciones como indispensable resulta saber si Ripoll y otros hicieron de su capa un sayo. Porque tan criticable es que no se respeten los procedimientos como que el PP se acoja a cuestiones formales para negar la mayor: que Alicante parece que da cobijo a una trama de corrupción.
La dirección popular tiene derecho a reclamar transparencia y neutralidad a la fiscalía, pero no puede actuar sin admitir que las aguas de las alcantarillas de la Comunidad Valenciana han inundado la vía pública, de las causas en las que aparece Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, a la trama Gürtel y sus ramificaciones. La independencia de los tribunales y la presunción de inocencia son innegociables, pero también la exigencia de responsabilidades y la colaboración de los partidos con la justicia . Y en Valencia, con este pleno de un enjuague por lo menos en cada provincia, el PP tiene que afrontar la realidad por alto que sea el precio político y quizá electoral de la operación.
