WVw aya por delante que este diario defiende y defenderá el derecho de huelga de los trabajadores para defender sus intereses. E incluso el derecho de los autónomos, como es el caso de los transportistas, que decidan parar para reclamar de los poderes públicos que atiendan sus reivindicaciones. Si bien hay especialistas en Derecho laboral que opinan que lo que ha ocurrido estos días es, técnicamente, un cierre patronal o lock out, que nuestra legislación, y la de otros países, no reconoce como legal. En efecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el lock out como "el cierre total o parcial de uno o más lugares de trabajo, o la obstaculización de la actividad normal de los empleados, por uno o más empleadores con la intención de forzar o resistir demandas o expresar quejas, o apoyar a otros empleadores en sus demandas o quejas".
Sea o no lock out, lo cierto es que alguna vía deben tener los autónomos y pequeños empresarios para expresar sus quejas, sea ante el Gobierno sea ante las grandes corporaciones que les fuerzan a condiciones de trabajo inaceptables. Pero una cosa es protestar para hacer notar una queja y otra poner un país patas arriba, obstaculizando el suministro de mercancías imprescindibles para los ciudadanos, o poniendo en peligro el empleo y los intereses de terceros ajenos al conflicto, que es lo que se ha hecho durante la semana que ahora acaba. Como también resulta inaceptable que bajo la denominación de piquetes informativos actúen energúmenos que imponen el paro. Las pequeñas patronales deberían aprender del movimiento sindical, que sabe que los paros indefinidos acaban en fracaso: es fácil entrar en ellos, pero muy difícil salir, al menos de forma airosa.
