La oferta de Gas Natural para comprar Iberdrola, en su deseo de crear una gran compañía energética europea con sede española, fracasa. La Comisión Nacional de la Energía, dominada por vocales del PP, está en contra. Pero se ajustaba a las leyes de los mercados bursátiles internacionales, que exigen racionalidad y solvencia a largo plazo a estas operaciones, y también los analistas financieros apoyaban el proyecto. El recelo ha sido injustamente político. Quizá alguien cree que era demasiado poder para la periferia integrar las dos compañías --radicadas en Barcelona y Bilbao-- en esta apuesta de fusión dirigida desde La Caixa.
El poder central no ha visto bien desde el principio la integración. En el fragor de la OPA, Aznar ha hecho saber que se propone limitar por ley el poder de las cajas de ahorro que invierten, hasta tener el control, en compañías de servicios básicos. La principal destinataria de esa intención reguladora --tan inesperada que hasta el Ministerio de Economía negó su existencia-- es La Caixa y su estratégica presencia en empresas con contador (agua, gas, teléfono...). En vez de imperar las leyes de la competencia lo que se impone es la obsesión intervencionista del Gobierno.
