Tres asesinatos de mujeres en poco más de 48 horas han vuelto a poner sobre la mesa una lacra que sacude a la sociedad española. Además, la policía catalana está investigando si el caso del periodista Alfons Quintà, que fue el primer director de TV-3, y su esposa es otro más que añadir a esta negrísima estadística. Quintà mató a su mujer en su domicilio con una escopeta de caza y después se suicidó. Estas noticias coinciden con la publicación del último balance del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Las cifras del CGPJ son rotundas: un total de 36.079 mujeres han presentado 38.400 denuncias contra sus parejas o exparejas entre los meses de julio y septiembre de este año, un 13,9% más que en el mismo periodo del 2015. Ese aumento del número de denuncias tiene la cara positiva, por hablar de alguna forma, de que más mujeres se atreven a dar el valiente paso de denunciar a su agresor. Ese camino, el de que todos los casos salgan a la luz pública, es una de las vías que puede ayudar a contener un problema que afecta a todos las capas de nuestra sociedad. Pero, a la vez, convive con una encuesta del Ministerio de Sanidad del pasado año que nos recordaba que la gran mayoría de mujeres maltratadas no denuncian a sus agresores: solo lo hacen el 28,6%.

La violencia machista es un problema que afecta a toda la sociedad y que precisa de una acción decidida de los poderes públicos. Pero también de todos los ciudadanos, que deben contribuir de forma individual y colectiva a erradicar un mal transversal que no entiende de clases sociales, ni de credos religiosos o ideológicos. Al margen de la denuncia, empezando por las primeras formas de maltrato o actitudes vejatorias en el ámbito privado que nunca deberían infravalorarse, se hace imprescindible avanzar en la igualdad para poner coto a las desigualdades de todo tipo, en el mundo laboral, educativo, mediático, etcétera.

En definitiva, estamos ante una patología social que exige actitudes decididas y nada titubeantes, y cualquier medida de prevención se nos antoja imprescindible. Porque se trata de defender la vida y la dignidad de esas mujeres víctimas de una lacra atávica a la que hay que hacer frente desde los primeros estadios de la educación, como son el entorno familiar y el educativo.