Bien sea por "mejoras y ajustes técnicos", porque deben concretarse "determinados flecos" o por lo incómodo que resultaba impulsar el texto definitivo de la ley justo el día después de una jornada de huelga general en el sector de la enseñanza, el Consejo de Ministros desestimó ayer presentar el anteproyecto definitivo de la Lomce (ley orgánica de mejora de la calidad educativa), un texto que vio la luz entre ácidas críticas en septiembre del 2012, que continuó generando repulsa en diciembre con un nuevo borrador y que, tras haber pasado por el dictamen del Consejo de Estado, parece que iniciará los trámites parlamentarios a finales de este mes. Un plazo que, aunque breve, debería usarse para buscar el consenso.

Entre los aspectos más espinosos de la legislación en ciernes (no solo un remedo de las vigentes normas, sino un nuevo plan educativo en toda regla) están la introducción de las reválidas en Enseñanza Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, la voluntad explícita de fijar con más profundidad los contenidos de las asignaturas troncales, la aparición de separaciones prematuras entre los alumnos a causa de la elección de sus vías de conocimiento, el favorecimiento de un determinado tipo de educación con sesgo religioso y la posibilidad de discriminación por sexo, y, en general, un diseño de tono elitista que persigue y proclama la excelencia y que, con una alarmante disminución de la inversión, no logra sino crear más diferencias y menos oportunidades de futuro.

Estas cuestiones son algunas de las esgrimidas por los convocantes de la huelga general del pasado jueves, que en Extremadura sacó a la calle a miles de personas en las principales ciudades de la región por la tarde y que por la mañana fue seguida por más alumnos que profesores (muchos de estos, aunque apoyan las reivindicaciones, dicen que no están dispuestos a que le quiten más dinero de la nómina).

Sea como fuere, desde el Ejecutivo nacional y desde el regional apuestan por la nueva ley como una de las mejoras fórmulas para reducir el alarmante fracaso escolar y el abandono prematuro de las aulas. Y si bien todos los sectores están de acuerdo con la premisa de que hay que intentar reducir dicho fracaso, discrepan en las formas de lograrlo. Es por tanto en estos días --y durante el posterior trámite parlamentario-- cuando hay que hacer un esfuerzo por parte de todos para intentar llegar a una acuerdo que tenga en el punto de mira lo fundamental: ofrecer la mejor educación al alumno.