La primera y principal conclusión que se puede sacar del escándalo de la subida de la tarifa eléctrica es que la tan cacareada liberación del sector no funciona. Y no es un tema menor. No se trata solo de adaptarse a una corriente ideológica que defiende la disminución del papel del Estado en la actividad económica, sino de que la privatización casi total de la producción y distribución eléctrica tenía que fomentar la competencia y abaratar la factura. Pero ha sucedido todo lo contrario. En los últimos once años la luz ha subido más del 100% en España, uno de los tres países más caros del continente. La prueba de que esa apertura no funciona es que el propio Gobierno ha tenido que dar un golpe sobre la mesa y, usando un órgano regulatorio como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, anular la subasta que imponía un aumento de la tarifa por encima del 11% para el inicio del año 2014.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy dio ayer la "buena" noticia de que lo hará en un 2,3%. Pero la "mala" noticia es que el sistema no solo se ha visto rodeado de "circunstancias atípicas", como dijo la CNMC en relación a la última subasta, sino que extiende la sospecha de un comportamiento "atípico" generalizado. El sistema para establecer las tarifas ha perdido todo el prestigio que pudiera tener, y lo ha hecho a manos del Gobierno.

Ahora no puede conformarse con cambiar el método para establecer otro más equilibrado. Está obligado a indagar qué ha ocurrido. El precio de la electricidad, y de la energía en general, es básico para el funcionamiento de la economía y es un motor fundamental de la inflación. Por esa razón, los transportes siguen figurando a la cabeza de los principales contribuyentes del IPC; también en noviembre, cuando se situó en un modesto 0,2%.

En general, todos los precios intervenidos --habitualmente porque afectan a actividades consideradas estratégicas-- son inflacionistas. Así lo venos en comunicaciones, bebidas alcohólicas, tabaco, ocio y cultura, por el efecto de la gran subida del IVA. Para el día 1 nos esperan incrementos muy por encima de la inflación en los autobuses y en el metro, como en cercanías y media distancia de Renfe. Las pensiones, sin embargo, empatarán con el IPC: el 0,25%, mientras que quienes se rigan por el salario mínimo verán sus retribuciones congeladas.