Es un escándalo que en algunas listas de candidatos a escaños autonómicos o municipales figuren ciudadanos que están imputados o están siendo procesados por la justicia. Escándalo que sólo se explica por la endogamia que caracteriza a la clase política y por el desprecio que, en el fondo, sienten hacia quienes más deberían respetar. Me refiero a sus votantes. Hay otro elemento que favorece el que puedan suceder estas cosas. Me refiero a la vigente Ley Electoral, norma que destila el añejo perfume de la Restauración alfonsina y que fue rescatada durante la Transición para perpetuar un sistema de alternancia entre los dos grandes partidos nacionales y que prima, también, a los grupos nacionalistas del País Vasco y Cataluña. Esta ley está detrás de la nefasta oligarquización de la vida política nacional y es origen de una enfermedad que está dañando seriamente la calidad de nuestro sistema político.
A escala nacional, PSOE y PP cortan y reparten el bacalao sabiendo que, pongo por caso, pueden aprobar listas con candidatos imputados o incluso procesados y no pasa nada. Quiero decir que actúan a sabiendas de que en España la Justicia camina a paso de buey y el tiempo, las prescripciones o los meandros en los que a veces se remansa la doctrina de los Albertos , pueden favorecer a los presuntos . Presuntos, la mar de veces implicados en casos de corrupción; en historias de dineros y comisiones cobradas a cambio de recibir contratas en empresas públicas o en instancias relacionadas con la Administración.
Listas llenas de listos que ofenden el buen sentir de los ciudadanos e invitan a la abstención o a votar en blanco. Los compañeros de lista de los presuntos deberían ser los más interesados en repudiar tan pringosa compañía. Por desgracia, no es así. Aquí, la política es una forma de ganarse la vida y los jefes son los directores del departamento de Recursos Humanos de los partidos. Quienes se dedican a la política saben que la docilidad es condición imprescindible para asegurar el futuro de su empleo porque nadie olvida que quien se mueve no sale en la foto. Otro gallo cantaría con otra Ley Electoral. Desde luego, los ciudadanos no tendríamos que tragar con la vergüenza que suponen las listas de candidatos trufadas de personajes dudosos, cuando no de individuos directamente pringados en casos de corrupción. Ni Rajoy debería hacerse el sueco cuando le preguntan por los imputados de la lista de Camps en Valencia, ni Zapatero o Rubalcaba deberían perderse por los cerros de Ubeda para no hablar del escándalo de los eres de la Junta de Andalucía de cuando Manuel Chaves presidía la cosa. ¡Ya está bien de listas de listos, listillos y presuntos !
