La memoria de la Fiscalía Superior de Extremadura correspondiente al año pasado no trae buenas noticias para quienes critican que, al socaire de las últimas agresiones sexuales perpetradas por menores en Andalucía, los sectores conservadores de la sociedad aprovechen para tratar de rebajar la edad penal y empezar a sentar en los banquillos de los acusados a jóvenes de 14 años, o incluso de 12. Y ello porque los datos ponen de manifiesto que, mientras la tasa de criminalidad ha bajado en más de un 5%, la tasa de criminalidad cuando los protagonistas con menores de edad ha aumentado un 12%.
El fiscal responsable de la Fiscalía Superior, Aurelio Blanco, mostró ayer su preocupación por este hecho. Una preocupación avalada por las que le transmiten los fiscales especialistas de Cáceres y Badajoz en delitos de menores y porque la estadística no refleja que hay mucho hechos delictivos que no llegan a los tribunales porque son solucionados gracias a la actividad mediadora de los propios fiscales y de los equipos técnicos con que cuentan.
De todo ello se deduce que la sociedad tiene un problema creciente y que, desgraciadamente, no cabe esperar que mejore si la crisis económica se convierte en una barrera más para lograr la inserción laboral de muchos chicos que no encuentran en el sistema educativo un camino de integración. La solución, sin embargo, no está en los banquillos.
