Apuertas de empezar la tramitación de unos Presupuestos de la Generalitat largamente esperados, el Parlamento catalán se encuentra paralizado -y la legislatura, en suspenso- a causa del choque entre los dos socios del Govern, ERC y Junts per Catalunya (JxCat). En otra sesión para el olvido en el hemiciclo catalán, ambos partidos mostraron su división a cuenta de la decisión de la Junta Electoral central (JEC), ratificada por el Tribunal Supremo (TS), de dejar al ‘president’ Quim Torra sin escaño. La Mesa del Parlamento, presidida por el republicano Roger Torrent, decidió obedecer al TS y aceptar por asentimiento la decisión del secretario general del Parlamento catalán de empezar el trámite para la sustitución de Torra. Como respuesta, JxCat ha anunciado que no emitirá ningún voto hasta que se vuelva a reconocer a Torra.

Desde un punto de vista legal, poco margen tenía Torrent si quería evitar la desobediencia y defender la validez las decisiones que pueda tomar el Parlamento. Es cierto que la decisión de la JEC de avanzarse al TS y suspender como diputado a Torra es discutida y discutible, empezando por varios miembros de la propia JEC y de la Abogacía del Estado. Pero en el momento en que el TS ha avalado la resolución de la JEC en un Estado de derecho solo cabe obedecer la decisión judicial. La desobediencia que propugna JxCat ya se ha demostrado como un estéril camino a ninguna parte. Y más aún si se tiene en cuenta que la decisión final del TS respecto la inhabilitación de Torra llegará más pronto que tarde, y es muy probable que implique la suspensión del ‘president’, entre otros motivos porque en su juicio se declaró culpable.

Lo sucedido el lunes en el Parlamento de Cataluña no se entiende en términos legales ni de grandes principios, sino políticos e incluso electorales, con vistas a unas elecciones inevitables en las que ERC y JxCat dirimirán su pulso por la hegemonía en el campo independentista. Que Torra debe dimitir o no como ‘president’ una vez ha perdido su escaño no es automático y está sujeto a interpretación legal. A la espera de la decisión final del TS, JxCat podría haber optado por continuar con la legislatura, pero su postura irredenta solo logra acelerar su fin con el bloqueo del Parlamento. La mayoría de Govern demuestra su división en un momento especialmente delicado.

Es irresponsable que la tramitación de unos Presupuestos tan importantes, demandados por amplias capas de la sociedad catalana, se pueda ver abortada por el pulso entre los dos socios del Govern. La función del Parlamento, cuya integridad JxCat tanto dice defender, es legislar, y desde hace tiempo en la Cámara se busca el enfrentamiento estéril con el Estado en lugar de efectuar su trabajo. Tenemos un Govern con sus socios enfrentados, paralizado, del que el 61% de catalanes cree que no sabe resolver los problemas del país. Así las cosas, por mucho que el momento sea inoportuno por los Presupuestos, convocar elecciones es la única salida responsable.