Durante los últimos siete años, España ha actuado como si no se hubiese comprometido con el protocolo de Kioto, que impuso a los países desarrollados una reducción de las emisiones de CO2, cuya acumulación está produciendo una alteración climática. El Gobierno del Partido Popular aceptó entonces que la economía española sólo lanzara a la atmósfera un 15% más de CO2 que en 1990. Hoy, el incremento es ya del 40%. Así, el plan que el lunes presentó la ministra Cristina Narbona se conforma, de momento, con frenar este crecimiento sin control. Sólo aspira a cumplir los objetivos en el 2012, y gracias a medidas compensatorias, como la repoblación forestal o inversiones en energía limpia en América Latina.
Cumplir Kioto tiene un precio: desde poner en peligro a la minería del carbón a sobrecostes en el sector eléctrico. Pero cuando se trata de evitar un desastre global no hay elección. Aunque, como recordaba ayer el ministro de Industria, José Montilla , las compañías no tienen por qué repercutir íntegramente su reconversión en las tarifas. Deberían contar también con las cantidades millonarias que reciben de los presupuestos para compensarlas por la transición a una competencia que ha sido más teórica que real.
